Jueza de Aguascalientes abre segundo proceso contra Billy Álvarez
La jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Aguascalientes, Yuridia Bello Camacho, ha vinculado a un segundo proceso judicial a Guillermo «Billy» Álvarez Cuevas, exdirectivo de la Cooperativa La Cruz Azul, por el delito de adquisición de comprobantes fiscales para respaldar operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Este nuevo proceso se deriva de la segunda orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual fue cumplimentada contra el exdirectivo, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, desde el pasado 22 de enero.
Detalles del caso
Según las investigaciones del órgano autónomo, bajo la dirección del fiscal Alejandro Gertz Manero, el presunto fraude involucra un monto de 91 millones 780 mil pesos. En este segundo proceso, la jueza Bello Camacho ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Billy Álvarez, y ha establecido un plazo de tres meses para que el Ministerio Público Federal presente los resultados de la investigación complementaria.
Las indagatorias indican que Álvarez adquirió documentos falsos de empresas denominadas «factureras» por el monto mencionado, con el objetivo de reducir su carga fiscal, perjudicando así las arcas del estado de Aguascalientes.
Antecedentes
Después de estar cinco años prófugo de la justicia, el 16 de enero, Billy Álvarez fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial en su casa en Jardines del Ajusco, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Por este caso, un juez de control del Estado de México ya lo había vinculado a proceso por su supuesta participación en un fraude de 114 millones de pesos, cometido entre 2011 y 2017.
Además, Álvarez Cuevas enfrenta otro proceso por investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por administración fraudulenta, que supera los 2 mil 250 millones de pesos.
