EE.UU. presiona a México para investigar y extraditar a políticos ligados al narco
Washington plantea aranceles y propone un “zar del fentanilo” para vigilar cooperación bilateral.
Ciudad de México, 11 de junio de 2025.— La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su presión sobre México para que investigue, procese y extradite a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, en un esfuerzo por combatir la corrupción asociada a los cárteles y reforzar la seguridad binacional.
De acuerdo con una investigación de Reuters basada en fuentes diplomáticas y de seguridad, el Departamento de Estado de EE.UU. ha exigido directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum que actúe contra políticos en funciones, incluso de su propio partido, Morena. Las solicitudes han sido presentadas en al menos tres ocasiones por el secretario de Estado Marco Rubio, quien también ha amenazado con la imposición de nuevos aranceles si México no actúa de forma inmediata.
Uno de los encuentros más relevantes ocurrió el pasado 27 de febrero en Washington, con la participación de Rubio; el fiscal general estadounidense, Pam Bondi; funcionarios de Seguridad Nacional, Justicia y Tesoro; así como los representantes mexicanos Juan Ramón de la Fuente (canciller), Alejandro Gertz Manero (fiscal general) y Omar García Harfuch (secretario de Seguridad).
Entre los nombres señalados se encontraría la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien en mayo reportó que sus visas y las de su esposo fueron revocadas por el gobierno estadounidense sin justificación oficial. Aunque no se ha confirmado públicamente si EE.UU. entregó pruebas o una lista formal de políticos vinculados al narcotráfico, se mencionan al menos cinco funcionarios en activo de Morena y un exsenador.
Además, Washington ha sugerido la creación de un “zar del fentanilo”, una figura diplomática especializada que sirva como enlace directo entre la Casa Blanca y la presidencia de México para coordinar los esfuerzos en el combate al tráfico de opioides sintéticos.
Aunque la Fiscalía General de la República es constitucionalmente autónoma, el gobierno estadounidense acusa desde hace años a México de proteger a políticos señalados por vínculos con el narcotráfico. La inmunidad de la que gozan gobernadores y legisladores federales mexicanos ha sido uno de los principales obstáculos para llevarlos ante la justicia, pues solo pueden ser procesados por delitos graves si así lo autoriza el Congreso mexicano.
Este intento de EE.UU. por forzar investigaciones contra políticos en funciones representa una escalada sin precedentes. Anteriormente, figuras como el general Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 en Los Ángeles por la DEA y posteriormente liberado, generaron crisis diplomáticas que paralizaron la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Las tensiones actuales reflejan el delicado equilibrio entre soberanía nacional, cooperación internacional y la creciente presión del gobierno de Trump para obtener resultados visibles en su lucha contra el narcotráfico, especialmente en año electoral.
