Sangre y fuego en penal de Tuxpan: mueren 6
Fuerzas federales recuperan el control tras motín provocado por pugnas internas y denuncias contra el Grupo Sombra.
Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tuxpan dejó al menos seis personas muertas y once más lesionadas, en medio de un conflicto que expuso las condiciones críticas que enfrentan los reclusos en ese penal al norte de Veracruz.
Los disturbios comenzaron el sábado por la tarde. De acuerdo con videos difundidos desde el interior del penal y testimonios de los internos, el estallido de violencia fue provocado por el hartazgo ante los abusos y extorsiones cometidos por integrantes del Grupo Sombra, un grupo delictivo que presuntamente opera con control interno desde hace tiempo.
Durante el motín, los reclusos prendieron fuego a colchones, muebles y otros objetos. Las columnas de humo fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad, mientras se escuchaban gritos y detonaciones al interior del penal.
Ante la gravedad de los hechos, este domingo por la mañana se desplegó un operativo conjunto con elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz. La intervención comenzó alrededor de las 09:00 horas y permitió recuperar el control del CERESO, extinguir los incendios y trasladar a tres reclusos identificados como líderes del motín al penal de Pánuco.
Los once internos heridos fueron atendidos por equipos médicos y trasladados a hospitales cercanos. Sus familias, al exterior del penal, exigieron con desesperación una lista oficial de víctimas y condiciones seguras para sus allegados.
En un comunicado, el Gobierno de Veracruz aseguró que el operativo se realizó con respeto a los derechos humanos y en coordinación con los tres órdenes de gobierno. También informó que se investigarán los señalamientos contra el grupo delictivo interno y se reforzará la vigilancia en el penal.
Mientras tanto, organizaciones civiles y familiares de los reclusos pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una revisión integral del sistema penitenciario y garantías de que hechos como este no se repitan.
