En una sesión solemne del Congreso de la Ciudad de México, la ganadora del Premio de la Juventud, Ana Karen Sotero Salazar, alzó la voz contra los diputados por su aparente indiferencia ante la violencia y el narcotráfico que afectan a comunidades enteras. La joven, visiblemente molesta, reprochó que los legisladores mantuvieran conversaciones mientras ella exponía la difícil situación que viven miles de personas a causa del crimen organizado.
Ana Karen, originaria del barrio del Cobradero, relató que su comunidad fue desaparecida por la violencia criminal, sin que hubiera atención o acciones concretas por parte de las autoridades. “México también está siendo oprimido; no se está reconociendo a todas las personas que han sido víctimas por el crimen organizado, a todas las personas que son víctimas de desplazamiento forzado”, declaró.
La activista reclamó que, incluso en un momento de reconocimiento como la entrega del Premio de la Juventud, los diputados no mostraran interés real en escuchar a quienes buscan soluciones y justicia. “Me parece una falta de respeto que cuando estamos aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso, están en sus propias conversaciones”, expresó.
En su intervención, pidió acciones concretas para frenar el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales y para garantizar justicia a las víctimas de desplazamiento forzado. Denunció que las problemáticas son evidentes, pero persiste una desconexión entre los discursos oficiales y la realidad de las comunidades afectadas.
Ana Karen cuestionó el compromiso de los legisladores, señalando que las autoridades parecen más interesadas en cumplir con un protocolo que en atender verdaderamente las demandas ciudadanas. “Es injusto, es una burla, porque ahí nos demuestran el interés que se supone que tienen hacia nosotras. Pero lo que yo veo es que no lo tienen, que solamente es un proceso meritocrático para ustedes”, afirmó.
Sus palabras resonaron entre quienes exigen que las voces de las víctimas sean tomadas en serio y que la lucha contra el crimen organizado sea una prioridad real en la agenda legislativa de la Ciudad de México.
