Un juez federal ordenó el cierre del polémico centro de detención de migrantes conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, ubicado en el sur de Florida, en un plazo máximo de 60 días. La decisión, emitida por la jueza de distrito Kathleen Williams, representa un duro golpe a la operación migratoria del estado y responde a una demanda presentada por grupos ambientalistas.
El fallo prohíbe a los gobiernos estatal y federal ingresar más detenidos al sitio y suspende cualquier proyecto de expansión, incluyendo la instalación de tiendas de campaña, iluminación industrial o la construcción de nuevos dormitorios. Además, Williams instruyó al estado a comenzar la retirada de generadores, combustible, aguas residuales y desechos acumulados en la pista de aterrizaje que fue convertida en un centro de detención.
La jueza subrayó que las condiciones en el lugar deben revertirse para evitar daños ambientales y de seguridad: “El objetivo es que el desgaste haga posible una remoción segura del sitio”, señaló en su resolución.
El centro, que llegó a albergar hasta 2 mil migrantes con planes de ampliarse a 4 mil, se encuentra actualmente con solo 336 personas detenidas, de acuerdo con el congresista demócrata Maxwell Frost, representante de Orlando. El legislador aseguró que la cifra muestra una reducción de casi dos tercios en relación con visitas anteriores, lo que refleja la inminente clausura del complejo.
La instalación, operada bajo la supervisión de la División de Gestión de Emergencias de Florida, fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos y medioambientales que denunciaron tanto las condiciones de hacinamiento como el impacto ecológico en la zona. El nombre “Alcatraz de los Caimanes” se popularizó entre críticos debido a las duras condiciones de confinamiento y al aislamiento del lugar.
Con el fallo, las autoridades deberán coordinar la reubicación de los migrantes aún detenidos en el centro, mientras que se inicia el desmantelamiento de las instalaciones. Para los defensores de los derechos humanos, la resolución judicial representa una victoria en la lucha por frenar lo que consideran un modelo de detención masiva con serias violaciones a las normas humanitarias y ambientales.
