Loretta Ortiz calificó de “muy fuerte” el recorte salarial en la SCJN y pidió revisar prestaciones eliminadas bajo el nuevo plan de austeridad.
Ciudad de México. La ministra Loretta Ortiz Ahlf expresó su inconformidad con las nuevas disposiciones de austeridad implementadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las cuales redujeron de manera significativa los ingresos y beneficios de los ministros.
Ortiz explicó que su salario mensual pasó de más de 200 mil pesos a 137 mil pesos, lo que calificó como un ajuste “muy fuerte” frente a la responsabilidad que conlleva el cargo. “Yo creo que sí fue injusta la reducción, porque la carga de trabajo y la obligación institucional son enormes”, dijo en entrevista radiofónica.
La ministra reconoció que la elección por voto popular establecía como requisito que las percepciones de los ministros estuvieran por debajo del sueldo presidencial, pero insistió en que también deberían revisarse las prestaciones eliminadas, como el seguro de gastos médicos y la pensión de retiro.
Ortiz señaló además que existe una desproporción en la estructura de salarios: su secretaria particular recibe 110 mil pesos mensuales, casi lo mismo que ella, pese a la diferencia de responsabilidades.
Respecto a las nuevas restricciones en el uso de recursos públicos, la ministra defendió que la austeridad debe aplicarse con “sentido común”. Rechazó que se le cuestione por acudir a restaurantes con su propio dinero y aclaró que cuando gasta en comidas o viajes lo hace con recursos personales, incluidos una pensión del IMSS y otra por viudez.
“Con ese dinero puedo darme mis gustos. La austeridad no debe confundirse con limitar la vida personal de los ministros”, puntualizó.
El plan de ajuste en la SCJN forma parte de la estrategia impulsada por el presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, quien busca reducir privilegios, homologar salarios con el tope constitucional y generar ahorros que podrían alcanzar entre 300 y 800 millones de pesos anuales.
Con esta política, el Poder Judicial pretende enviar un mensaje de disciplina presupuestal en sintonía con la administración federal. Sin embargo, las declaraciones de Ortiz abren un debate sobre los alcances de la austeridad y el equilibrio entre eficiencia institucional y dignidad laboral en la máxima instancia judicial del país.
