Desalojos en Centro Histórico de CDMX entre el orden y la posible gentrificación
Vecinos denuncian desalojos ligados a gentrificación en el Centro Histórico, mientras autoridades defienden que se cumplen órdenes judiciales y se protege la propiedad privada.
Por Porfirio Monroy
Vecinos desalojados de República de Cuba 11 permanecen frente al inmueble con sus pertenencias en la calle, en espera de una resolución a su situación. Foto: Página Nueve / Porfirio Monroy
Ciudad de México. Los desalojos recientes en el Centro Histórico han puesto en evidencia una tensión creciente entre el derecho a la vivienda y la protección de la propiedad privada. Mientras vecinos y colectivos denuncian un patrón de expulsiones ligadas a procesos de gentrificación, las autoridades insisten en que los operativos se realizan bajo mandatos judiciales y con apego a la ley.
El caso más visible se registró el 28 de agosto en República de Cuba 11, donde 19 familias y varios locales fueron desalojados en un operativo nocturno. Testigos aseguraron que no se presentó orden judicial visible y que sus pertenencias quedaron en la calle, además de señalar presuntos actos de violencia y saqueo. Ante ello, instalaron un campamento frente al edificio para exigir una solución.
Organizaciones de defensa de la vivienda como el Frente por la Vivienda Digna han denunciado que, en al menos 36 inmuebles del Centro Histórico, los desalojos han sido acompañados de imputaciones penales que van desde narcomenudeo hasta robo de autopartes, lo que consideran una estrategia para criminalizar a los moradores y acelerar su expulsión. En su análisis, los edificios desalojados suelen reconvertirse en alojamientos turísticos, bodegas o comercios, lo que alimenta un proceso de encarecimiento inmobiliario y desplazamiento social.
Activistas y académicos de la UNAM, como la profesora Sandra Hernández García, han vinculado este fenómeno con prácticas especulativas que van más allá de la gentrificación, señalando que el sector inmobiliario puede ser utilizado incluso para operaciones de lavado de dinero. Como ejemplo, han señalado la presión sobre edificios en calzada de la Viga y República de Cuba, donde se han producido desalojos cuestionados por vecinos.
El operativo de desalojo en República de Cuba 11 dejó muebles, documentos y mercancía apilados en la vía pública del Centro Histórico. Foto: Página Nueve / Porfirio Monroy
El Gobierno de la Ciudad de México respondió que el desalojo de Cuba 11 fue producto de una orden judicial emitida por el Juzgado 54 de lo Civil. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aclaró que su participación se limitó al resguardo del actuario responsable de la diligencia. Además, la Secretaría de Vivienda informó que las familias desalojadas recibirán un apoyo económico mensual de 4 mil pesos para renta mientras se resuelve su situación.
Aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no ha difundido un comunicado formal sobre este operativo, en declaraciones oficiales se ha subrayado que las intervenciones buscan hacer cumplir resoluciones judiciales y garantizar los derechos de los propietarios legítimos. Autoridades locales han insistido en que la ocupación irregular de inmuebles constituye un problema recurrente en la capital y que el Estado está obligado a salvaguardar tanto el patrimonio público como el privado.
En este contexto, distintos sectores señalan la necesidad de una política integral que defina con claridad los alcances del derecho a la vivienda y el respeto a la propiedad privada. Para los inquilinos, se requiere estabilidad y protección contra desalojos arbitrarios; para los dueños, garantías jurídicas que les permitan ejercer plenamente sus derechos sobre los inmuebles.
