La asamblea de Bienes Comunales resolvió que será el nuevo comité, a partir de octubre, quien defina si se interpone un juicio de restitución por el predio en Atongo atribuido a Fernández Noroña.
Tepoztlán, Morelos. La asamblea general del Comisariado de Bienes Comunales determinó este domingo que será el nuevo comité comunal, que asumirá funciones en octubre, el encargado de decidir si se interpone un juicio de restitución por el predio ubicado en el valle de Atongo, donde se encuentra la casa del senador Gerardo Fernández Noroña.
El presidente del Comisariado, Félix Cuevas Medina, informó que la actual gestión comunal dejará asentada la solicitud presentada por comuneros, pero que corresponde al próximo consejo tomar la decisión formal y, en su caso, promover la acción legal ante los tribunales agrarios.
El asesor jurídico Carlos Rojas Almazán explicó a los asistentes que la revisión de los archivos comunales y de Catastro municipal no arrojó documentos que acrediten la propiedad de Noroña. Subrayó que, en Tepoztlán, las tierras tienen carácter comunal, lo que significa que ninguna escritura privada tiene validez sin el consentimiento de la asamblea.
Comuneros que participaron en la asamblea insistieron en que la defensa de la tierra es una lucha histórica de Tepoztlán y señalaron que no permitirán que actores políticos se beneficien de lo que consideran patrimonio colectivo. En las últimas semanas, un grupo de habitantes se manifestó frente a la casa del senador para exigir la restitución del predio.
Fernández Noroña ha respondido que su adquisición fue legal y que cuenta con escrituras que lo respaldan, además de acusar a autoridades locales de promover un conflicto con fines políticos. Sin embargo, para la comunidad el debate central no es político sino jurídico: las tierras comunales no pueden privatizarse sin el aval expreso de la asamblea.
El caso quedará en manos del nuevo consejo comunal y, eventualmente, de los tribunales agrarios. Para Fernández Noroña, el desafío no se limita a mostrar documentos de propiedad; enfrenta también el costo político y social de aparecer en el centro de una disputa con una comunidad que reclama como suyo el terreno de Atongo.
