Sandoval seguirá preso; lo vinculan por lavado
Un juez federal determinó, por segunda vez, que existen indicios para que enfrente juicio; permanecerá en prisión preventiva en El Rincón.
Ciudad de México, 16 de septiembre de 2025.— El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a 156 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la resolución se emitió el 11 de septiembre, al concluir una audiencia que se prolongó durante casi 48 horas. El juez de control determinó que existen indicios suficientes para que Sandoval enfrente la causa penal. El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de un amparo que obligó a reponer la audiencia inicial y revisar las acusaciones con mayor fundamentación.
El exgobernador permanecerá bajo prisión preventiva justificada en el penal federal de El Rincón, en Tepic, donde está recluido desde su detención en junio de 2021 en Nuevo León.
Sandoval, militante del PRI, fue presidente municipal de Tepic (2008-2011) y posteriormente gobernador de Nayarit (2011-2017). Al término de su administración, comenzaron diversas investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.
En mayo de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó bajo la Ley Kingpin, acusándolo de corrupción, apropiación indebida de bienes estatales y de recibir sobornos de organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo de los Beltrán Leyva. La sanción incluyó también a su esposa, Lilia López Torres, y a sus hijos, Pablo Roberto y Lidy Alejandra, con el congelamiento de bienes en territorio estadounidense.
Además de la acusación por lavado de dinero, Sandoval enfrenta otra causa penal en México relacionada con la falsificación de documentos para apropiarse de terrenos, específicamente en el rancho El Sueño, en San Blas, cuando ya era gobernador.
Con la nueva vinculación, esta es la segunda ocasión en que un juez federal determina que debe enfrentar proceso por el mismo delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
