FGR investiga a ex titular de OIC por soborno
Arturo Serrano Meneses es señalado de exigir dinero a cambio de incidir en contratos de arrendamiento.
Ciudad de México, 21 de septiembre de 2025. — El área que debía vigilar la legalidad dentro de la Fiscalía terminó bajo sospecha. Arturo Serrano Meneses, quien encabezó el Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, enfrenta una indagatoria por presuntamente pedir 6 millones de pesos a la empresa Casanova Rent Volks, a cambio de asegurarle ventaja en un contrato de arrendamiento de vehículos.
La investigación también involucra a Carlos Enrique Rascón Yrízar, funcionario del área de Responsabilidades, señalado como parte del intento de soborno. Ambos acudieron recientemente a una audiencia en el Reclusorio Oriente que debía formalizar la imputación por cohecho, pero el trámite se pospuso: la defensa alegó fallas en el acceso a la carpeta digital y el juez decidió reprogramar la diligencia.
El 8 de agosto, Serrano fue destituido en un operativo que incluyó la intervención de la Guardia Nacional y de personal de Seguridad Institucional. Con él salieron nueve de sus colaboradores más cercanos, en medio de versiones sobre prácticas de corrupción en el manejo de adjudicaciones internas.
La Fiscalía prepara una nueva audiencia para presentar las acusaciones formales. El expediente busca determinar si lo ocurrido fue un hecho aislado o parte de una red más amplia de moches en procesos administrativos.
Las acusaciones por soborno no son las únicas que pesan sobre el ex contralor. De acuerdo con reportes periodísticos, existen al menos tres carpetas de investigación activas contra Serrano Meneses. Una se relaciona directamente con el intento de soborno a Casanova Rent Volks; otra con presuntas irregularidades en contratos de arrendamiento; y una más con la desaparición de 900 kilogramos de cocaína que debían estar bajo resguardo oficial y cuya incineración nunca se concretó.
La destitución de Serrano vino acompañada de la remoción de nueve directivos del OIC, incluidos responsables de auditoría, denuncias, control y área jurídica. El desmantelamiento del equipo completo sugiere que la investigación no se limita a un caso puntual, sino a un esquema más amplio de corrupción administrativa dentro de la propia oficina encargada de supervisar a la Fiscalía.
