Trump fija en 100 mil dólares la visa H-1B

El nuevo cobro aplica a solicitudes iniciales fuera de EE.UU. y no afecta renovaciones ni titulares vigentes

Washington, 22 de septiembre de 2025.— El gobierno de Estados Unidos anunció un cambio en el sistema de inmigración legal que establece una tarifa de 100 mil dólares para nuevas solicitudes de visa H-1B. La disposición quedó asentada en una proclama presidencial emitida por la Casa Blanca y será obligatoria para cualquier empresa que intente contratar personal extranjero altamente calificado desde el exterior.

La medida no afecta a quienes ya cuentan con una visa vigente ni a los procesos de renovación. Únicamente aplica a las peticiones iniciales presentadas fuera del país. El Departamento de Estado será responsable de verificar el cumplimiento del pago antes de autorizar cualquier visado bajo esta categoría.

El ajuste se fundamenta en las facultades que la legislación migratoria otorga al Ejecutivo para regular la entrada de trabajadores no inmigrantes y establecer nuevas condiciones de acceso. Con ello, la administración busca modificar de manera drástica los costos asociados al programa, que hasta ahora requería una cuota de poco más de 200 dólares por solicitud.

El programa H-1B otorga anualmente decenas de miles de permisos de trabajo a profesionales en áreas como tecnología, ingeniería, salud y finanzas. El incremento multiplica el costo original por más de 400 veces, lo que representa un cambio sin precedentes en el esquema de contratación de personal extranjero.

Las empresas que dependen de este tipo de talento se enfrentan a un escenario de costos mucho más altos. La decisión también genera preocupación en países que envían un gran número de trabajadores calificados a Estados Unidos, particularmente India, donde la visa H-1B es una de las principales vías de movilidad laboral hacia el mercado norteamericano.

Aunque la medida ya entró en vigor, se prevé que grupos empresariales y organizaciones migratorias intenten impugnarla en tribunales federales, lo que podría abrir un nuevo frente legal en torno a la política migratoria de la actual administración.

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