Celebran que juez detenga militarización de California
El gobernador Gavin Newsom resaltó la sentencia que invalidó la federalización de la Guardia Nacional en Los Ángeles y promulgó nuevas leyes para limitar las redadas de ICE.
Los Ángeles / San Francisco.— El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró el fallo de un juez federal que detuvo la militarización de Los Ángeles al declarar ilegal la orden de federalizar a más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional durante el verano. La sentencia, emitida en San Francisco, confirmó que la Casa Blanca carecía de facultades para asumir control de tropas estatales sin autorización local.
Newsom subrayó que la decisión “protege la soberanía del estado y frena un abuso de poder que pretendía utilizar soldados contra comunidades californianas”. El fiscal general Rob Bonta, quien presentó junto con el gobernador recursos judiciales, recordó que el despliegue representó un gasto estimado de 120 millones de dólares para los contribuyentes.
En paralelo, Newsom promulgó las medidas más amplias del país para limitar la actuación de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La nueva legislación protege a escuelas, hospitales y tribunales de redadas migratorias, convirtiendo a California en el primer estado que establece límites formales al ingreso de agentes federales en esos espacios. Sin embargo, reportajes periodísticos documentan que ICE ha seguido apareciendo en juzgados, lo que mantiene la tensión entre autoridades estatales y federales.
La confrontación se inscribe en un escenario de creciente resistencia social en distintas ciudades de Estados Unidos. En Nueva York, más de 70 legisladores locales, líderes religiosos y defensores de derechos humanos fueron arrestados por ocupar oficinas de ICE en Manhattan. En Chicago, agentes federales utilizaron gas pimienta contra manifestantes que bloqueaban una sede migratoria, mientras en Boston más de cien personas se concentraron en un hotel donde se alojaban oficiales para advertirles que “no son bienvenidos”.
Redes comunitarias se han multiplicado: vecinos que alertan de redadas en barrios, colectivos que acompañan a familias con niños, organizaciones religiosas que acompañan a migrantes en tribunales —como en San Diego, donde un grupo de clérigos ingresó a las cortes y, ante su presencia, los agentes federales se retiraron de los pasillos, evitando arrestos ese día.
El caso más polémico sigue siendo el centro de detención conocido como Alcatraz de los caimanes, en Florida, donde activistas denuncian condiciones inhumanas y desaparición de cientos de migrantes detenidos desde julio. “La crueldad y el caos son por diseño; están desapareciendo a la gente”, acusó Noelle Damico, de la organización Workers Circle, durante una vigilia apoyada por Amnistía Internacional.
En este contexto, 134 organizaciones nacionales enviaron una carta al Congreso para denunciar la “agenda de detención y deportación masiva” de la administración federal, que busca ampliar la capacidad de reclusión a 100 mil personas en todo momento. El documento, difundido por la red Detention Watch Network, advierte que se trata de un plan “injustificable e inhumano”.
Mientras tanto, gobernadores, alcaldes y legisladores demócratas han endurecido su postura frente a las políticas de Washington. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, rechazó la presencia de tropas en Portland: “No hay insurrección. Es una ciudad estadounidense. No necesitamos ninguna intervención. Este no es un objetivo militar”, dijo en un mensaje directo al presidente.
Las próximas semanas serán decisivas: California avanza con nuevas normas estatales, la justicia federal cuestiona la constitucionalidad de los despliegues militares y las comunidades fortalecen sus redes de apoyo. Para Newsom, la batalla es un mensaje político de fondo: “Defenderemos a nuestras comunidades, nuestras instituciones y el Estado de Derecho, porque California no se someterá a la militarización”.
