Congreso destituye a Presidenta de Perú
El Parlamento peruano removió a Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, al considerar que su gobierno no contuvo el aumento de la inseguridad y la violencia que atraviesa el país.
Lima.—El Congreso de Perú destituyó la noche del jueves a la presidenta Dina Boluarte, tras acusarla de “incapacidad moral permanente” por su falta de respuesta ante la crisis de inseguridad que atraviesa el país y por la pérdida de apoyo político dentro del Parlamento. La moción fue aprobada con 123 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, una mayoría abrumadora que selló el fin del gobierno de Boluarte menos de tres años después de su llegada al poder.
La decisión se tomó tras una jornada de negociaciones y rupturas entre bancadas, en la que los partidos que antes habían respaldado a la mandataria —como Alianza para el Progreso, Avanza País y Somos Perú— retiraron su apoyo en medio de una creciente presión social por el aumento de los delitos violentos y los asesinatos en varias regiones del país.
El detonante fue un ataque armado ocurrido el miércoles por la noche durante un concierto del grupo Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, al sur de Lima. Durante la presentación, varios sujetos armados abrieron fuego contra el público y los músicos, dejando cinco heridos, cuatro de ellos integrantes de la banda. El hecho generó una ola de indignación y protestas por la falta de resultados en materia de seguridad ciudadana, uno de los principales reclamos hacia la gestión de Boluarte.
Tras la votación, el presidente del Congreso, José Jerí, del partido Somos Perú, asumirá de manera interina la jefatura del Estado, conforme a lo previsto en la Constitución. Sin embargo, los legisladores mantienen la opción de designar a otro congresista para ejercer la presidencia si Jerí renuncia a su actual cargo, en cuyo caso el elegido asumiría tanto la dirección del Parlamento como del Ejecutivo.
En un mensaje transmitido tras su destitución, Boluarte dijo aceptar la decisión “con serenidad y dignidad”, aunque calificó la medida de “injusta y desproporcionada”. Aseguró que “no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos que merecen estabilidad democrática y un gobierno sin corrupción”.
Un país atrapado en la inestabilidad política
Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, luego de la destitución de Pedro Castillo (2021–2022), quien intentó disolver el Congreso y fue removido del cargo también por “incapacidad moral permanente”. Castillo permanece actualmente en prisión preventiva acusado de rebelión.
Boluarte, que se había desempeñado como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, fue vista inicialmente como una figura de consenso. Sin embargo, su gobierno enfrentó protestas masivas que dejaron más de 60 muertos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, así como una pérdida progresiva de legitimidad y apoyo en el Parlamento.
En los últimos meses, la mandataria intentó reconstruir su base política con cambios de gabinete y apelaciones al orden público, pero su gestión se vio erosionada por la crisis de seguridad y denuncias de corrupción que involucraban a funcionarios cercanos.
La figura de la “incapacidad moral permanente”, contemplada en la Constitución peruana, ha sido utilizada de forma recurrente en la última década para remover a presidentes. Desde 2016, Perú ha tenido seis mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, todos con mandatos truncos.
El escenario tras la destitución
De acuerdo con la ley, el presidente del Congreso, José Jerí, asumirá el mando mientras se define si habrá elecciones anticipadas o una nueva sucesión legislativa. En su primera declaración, Jerí llamó a la “unidad nacional” y aseguró que el Parlamento “garantizará la continuidad constitucional y la estabilidad institucional del país”.
Analistas locales advierten que la destitución de Boluarte, aunque respaldada por una amplia mayoría, no soluciona la crisis de fondo: un sistema político fragmentado, con partidos débiles y un Congreso que acumula más poder que el Ejecutivo.
El país enfrenta además una grave crisis de seguridad: el Ministerio del Interior reportó un aumento de 34% en los homicidios durante el último año y un crecimiento sostenido del crimen organizado en Lima, Trujillo y Piura. Las bandas vinculadas al narcotráfico, la extorsión y la trata de personas han extendido su influencia incluso sobre las autoridades locales.
Con la destitución de Boluarte, Perú vuelve a quedar en un vacío de liderazgo que recuerda a los episodios de 2020 y 2022, cuando la sucesión presidencial se convirtió en una disputa parlamentaria sin consenso nacional.
