Combate a factureras generará 400 mil millones más en 2026
El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, prevé obtener 400 mil millones de pesos adicionales en 2026 mediante una estrategia de combate a las empresas factureras, modernización aduanera y mayor eficiencia recaudatoria, sin crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes.
Ciudad de México, 23 de octubre de 2025.
El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una ofensiva fiscal y aduanera que tiene como objetivo incrementar en 400 mil millones de pesos la recaudación nacional en 2026, sin aumentar impuestos ni crear nuevos gravámenes. El eje central de la estrategia será el combate frontal a las empresas factureras, el fortalecimiento de la Ley de Aduanas y la modernización tecnológica en los puntos de inspección del país.
Sheinbaum subrayó que su administración mantendrá el principio de no elevar la carga tributaria, apostando en cambio por una recaudación más eficiente y transparente, enfocada en cerrar las vías de evasión y corrupción. “La meta es que el dinero público regrese al pueblo, no a los bolsillos de unos cuantos. Todo el esfuerzo fiscal debe traducirse en bienestar y obras”, afirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Aduanas modernizadas y bajo resguardo militar
El plan contempla la modernización integral de los puntos aduaneros del país, mediante la instalación de equipos de rayos X y sistemas de revisión no intrusiva que permitirán detectar irregularidades en la importación y exportación de mercancías. Estas herramientas, adquiridas en el sexenio anterior pero poco utilizadas, comenzarán a operar plenamente en 2026, de acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
La presidenta confirmó que las aduanas en los puertos marítimos seguirán bajo el resguardo de la Secretaría de Marina, a cargo del almirante José Rafael Ojeda Durán, mientras que la dirección operativa y administrativa permanecerá en manos de la ANAM, encabezada por Rafael Marín Mollinedo. Este modelo híbrido busca garantizar tanto la seguridad como la eficiencia administrativa.
Marín Mollinedo informó que actualmente existen más de siete mil carpetas de investigación abiertas por presuntas operaciones ilícitas, relacionadas con contrabando, subvaluación de mercancías y uso de empresas fantasma. “El objetivo es depurar el sistema aduanal, terminar con las redes de complicidad y recuperar los recursos que históricamente se perdían en el tráfico ilegal”, sostuvo.
Golpe a las factureras y reforma legal
El combate a las factureras —empresas que simulan operaciones para evadir impuestos— será una de las principales líneas de acción. La reforma a la Ley de Aduanas fortalecerá las sanciones y la corresponsabilidad de los agentes aduanales, quienes deberán responder por irregularidades cometidas en nombre de las empresas que representan.
Sheinbaum enfatizó que su gobierno adoptará una política de tolerancia cero frente a la corrupción fiscal, y que la persecución de las redes de facturación falsa será prioritaria. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR) para judicializar los casos más graves.
Con estas acciones, se espera no solo recuperar recursos perdidos, sino también enviar un mensaje de firmeza ante la evasión: “Nadie por encima de la ley”, reiteró Sheinbaum, recordando el principio juarista que ha adoptado como eje ético de su gobierno.
Recaudación sin nuevos impuestos
La mandataria federal reiteró que no habrá incrementos en los impuestos existentes ni nuevos gravámenes generales. En ese sentido, aclaró que el reciente ajuste en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas no busca aumentar la recaudación, sino reducir el consumo de azúcar y prevenir enfermedades crónicas. “El IEPS tiene un propósito de salud pública, no fiscal”, afirmó.
En lo que va de su administración, el Gobierno federal ha obtenido más de 500 mil millones de pesos adicionales a lo estimado, gracias a una política de eficiencia en el cobro, digitalización de trámites y reducción de privilegios fiscales. El nuevo objetivo de 400 mil millones para 2026 representa una continuación de esa tendencia.
Impacto económico y proyección social
De cumplirse las metas establecidas, los ingresos extraordinarios podrían destinarse a infraestructura, educación, programas sociales y fortalecimiento de la salud pública. La Secretaría de Hacienda estima que esta mejora en la captación tributaria podría consolidar uno de los ejercicios fiscales más estables de la última década, con un equilibrio entre responsabilidad financiera y justicia distributiva.
Analistas fiscales consideran que el éxito del plan dependerá de la capacidad del gobierno para sostener el control en aduanas, cerrar las rutas de evasión y mantener la confianza de los contribuyentes. También advierten que el reto no solo será aumentar los ingresos, sino asegurar su destino transparente y su uso eficiente en beneficio de la población.
