Episcopado Mexicano rechaza iniciativa de Morena que busca regular publicaciones religiosas
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) rechazó una iniciativa en la Cámara de Diputados presentada por Morena.
La CEM advierte que la propuesta de ley impulsada por el diputado Arturo Ávila vulnera la libertad de expresión y constituye una “censura disfrazada de ley”.
Ciudad de México 09 de noviembre de 2025.-La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó su rechazo a la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por el legislador de Morena, Arturo Ávila, que busca regular los contenidos que sacerdotes, pastores, monjas y ministros de culto publiquen en internet y redes sociales.
El proyecto propone adicionar un párrafo al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, obligando a los líderes religiosos que operen medios digitales a sujetarse a los lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en coordinación con la Secretaría de Gobernación.
Según el texto, el objetivo sería “garantizar el respeto a los derechos digitales, la neutralidad de la red y la prevención de discursos de odio”.
CEM y organizaciones civiles denuncian censura
El presidente de la CEM, monseñor Ramón Castro, compartió en sus redes sociales un mensaje de la red Catolicfluencers, en el que se advierte que la iniciativa representa un “ataque a la libertad de expresión”.
“En México se acaba de presentar una iniciativa para que los líderes religiosos, incluyendo obispos, sacerdotes, pastores evangélicos, etc., no puedan expresar lo que piensan en redes sociales ni en medios digitales. Dicen que es para evitar discursos de odio, pero en realidad es censura disfrazada de ley”, señala el comunicado difundido por el Episcopado.
Los alcances de la iniciativa
La propuesta de Arturo Ávila, incluida en la Gaceta Parlamentaria del 28 de octubre, establece que los ministros de culto y asociaciones religiosas deberán someter sus publicaciones a la supervisión de la ATDT, que tendrá un plazo de 90 días para emitir lineamientos y 180 días para regular a asociaciones que operen a través de terceros.
Entre las disposiciones, la enmienda prohíbe el proselitismo político y cualquier discurso considerado discriminatorio, además de incluir la supervisión de algoritmos digitales para evitar sesgos, así como promover la colaboración con el INAH y la Secretaría de Cultura en temas de patrimonio religioso.
“Una regulación que solo aplica a los religiosos”
El abogado Uriel Esqueda, representante de la organización civil Actívate.org.mx, afirmó que la propuesta constituye una violación al derecho constitucional a la libertad religiosa y de expresión.
“Si se aprueba, México regresaría a las restricciones del siglo pasado. Los líderes religiosos serían el único grupo social sujeto a una regulación específica para publicar en internet”, explicó Esqueda en entrevista con Excélsior.
El activista advirtió que el proyecto surge de una visión política que busca etiquetar los mensajes religiosos como discursos de odio, pese a que —dijo— las iglesias “transmiten mensajes de paz y apoyo espiritual”.
Movilización ciudadana y recolección de firmas
La iniciativa aún no ha sido dictaminada en comisiones de la Cámara de Diputados, pero ya generó oposición entre organizaciones religiosas y civiles, que iniciaron una campaña de firmas para exigir que se retire.
“Llevamos más de diez mil firmas. Vamos a entregarlas en la Cámara de Diputados para frenar esta iniciativa que atenta contra la libertad religiosa y de expresión”, señaló Esqueda.
Los promotores de la campaña aseguran que la propuesta no fortalece la laicidad del Estado, sino que abre la puerta a la censura gubernamental y a una posible persecución ideológica.
Contexto
El debate ocurre en medio de un creciente uso de redes sociales por parte de líderes religiosos en México, quienes utilizan plataformas como Facebook, X, TikTok e Instagram para difundir mensajes de fe, valores y temas sociales.
La CEM insistió en que cualquier regulación debe respetar los derechos humanos y el marco constitucional que garantiza la libertad de culto, pensamiento y expresión.
