FGR confirma orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit, Ney González
Los procedimientos están vigentes desde 2023 y no se han presentado nuevas acciones respecto al caso denominado Megaoperativo Nuevo Nayarit.
La Fiscalía General de la República ratificó que sigue vigente la orden de captura y la ficha roja de Interpol contra Ney González Sánchez, exgobernador de Nayarit, por presuntas operaciones ilícitas con terrenos del Fideicomiso Bahía de Banderas. También mantiene abierta la investigación contra Roberto Sandoval.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este miércoles que permanece vigente la orden de aprehensión contra el exgobernador Ney González Sánchez, así como la investigación en curso contra Roberto Sandoval Castañeda, ambos señalados por su presunta participación en la venta irregular de terrenos turísticos del patrimonio estatal en la Riviera Nayarita.
De acuerdo con la fiscal especializada de Control Competencial, Cristina Reséndiz Durruti, las órdenes judiciales fueron solicitadas desde 2023 y forman parte de una denuncia presentada por el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), que detectó operaciones simuladas y desvíos de recursos en predios de Bahía de Banderas y Compostela, entre 2005 y 2021.
Terrenos vendidos a precios irrisorios
Según la FGR, durante la administración de Ney González (2005–2011) se implementó un esquema de desincorporación irregular de terrenos turísticos, mediante el cual predios del FIBBA fueron vendidos a precios muy por debajo de su valor comercial, algunos hasta en 50 pesos por metro cuadrado.
La autoridad federal señala que dichas operaciones se realizaron a través de contratos simulados y fideicomisos paralelos, lo que permitió desviar recursos públicos hacia empresas privadas y personas vinculadas con funcionarios estatales.
Reséndiz Durruti informó que la FGR solicitó orden de aprehensión y ficha roja de Interpol contra González Sánchez por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y uso indebido del servicio público.
Avances del “Mega Operativo Nayarit”
Durante una conferencia conjunta con autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Miguel Ángel Navarro, se informó que el caso continúa abierto y ha permitido la recuperación de 9.6 millones de metros cuadrados de terrenos en zonas de alto valor turístico como Nuevo Vallarta, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle, Sayulita y Compostela, con un valor estimado superior a 50 mil millones de pesos.
El fiscal estatal Petronilo Díaz Ponce Medrano indicó que, como parte de las investigaciones, fueron aseguradas 359 cuentas bancarias vinculadas a exfuncionarios y empresarios, con recursos que superan los 7 mil millones de pesos.
El caso de Roberto Sandoval
Respecto al exgobernador Roberto Sandoval Castañeda (2011–2017), la FGR precisó que sigue siendo investigado por la presunta continuidad de las prácticas irregulares, aunque no se ha emitido orden de captura federal por este caso.
Sandoval permanece recluido en el penal federal de El Rincón, en Tepic, desde 2021, tras ser condenado a siete años de prisión por lavado de dinero y falsificación de documentos relacionados con la apropiación de un terreno en San Blas.
De confirmarse su sentencia, podría obtener su libertad en 2028, aunque aún enfrenta dos causas del fuero común y una federal por operaciones con recursos ilícitos.
Disputa sobre la recuperación de tierras
Las autoridades estatales sostienen que los procesos de recuperación —27 resoluciones contractuales, 9 convenios de transacción judicial y 17 acuerdos reparatorios— tienen carácter de “cosa juzgada”, lo que significa que son resoluciones firmes.
Sin embargo, personas afectadas han cuestionado dicha afirmación, argumentando que aún existen recursos legales pendientes y familias que adquirieron terrenos de buena fe, sin conocimiento de las irregularidades.
Además, los afectados reclaman falta de claridad sobre los mecanismos de compensación económica para quienes no participaron en los presuntos delitos.
Uno de los mayores casos de corrupción inmobiliaria
De acuerdo con la FGR, este expediente constituye uno de los mayores casos de corrupción inmobiliaria en México, al documentar la venta sistemática de terrenos públicos mediante simulación de contratos y desvío de recursos del fideicomiso estatal.
Aunque la fiscalía ratificó que las investigaciones siguen activas, no se anunciaron nuevas acciones judiciales por el momento.
