Condenan en EE.UU. a empresario por sobornos a funcionarios de Pemex
De acuerdo con documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, pagó más de 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de PEP para retener contratos y pagos de PEMEX y PEP y obtener otras ventajas indebidas en negocios.
Un jurado federal en Houston declaró culpable al empresario mexicano Alexandro Rovirosa por un esquema de sobornos a funcionarios de Pemex y PEP entre 2019 y 2021, con beneficios estimados en 2.5 millones de dólares.
Houston, Texas, EE.UU., 6 de diciembre de 2025. Un jurado federal en Houston declaró culpable al empresario de origen mexicano Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, por participar en un esquema de sobornos dirigido a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP). La sentencia fue anunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De acuerdo con documentos judiciales expuestos durante el juicio, Rovirosa —residente permanente legal en The Woodlands, Texas— pagó más de 150 mil dólares en sobornos para retener contratos, asegurar pagos y obtener ventajas indebidas para empresas vinculadas a él. En total, el esquema generó beneficios por al menos 2.5 millones de dólares.
Las pruebas presentadas establecen que entre 2019 y 2021, Rovirosa y sus cómplices, incluido Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años y actualmente prófugo, entregaron pagos en efectivo, artículos de lujo y otros bienes de valor a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP.
El jurado encontró culpable a Rovirosa de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de dos cargos adicionales por violar la FCPA. Fue absuelto de un cuarto cargo. Enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión.
El Departamento de Justicia afirmó que el caso evidencia la determinación del gobierno estadounidense de perseguir actos de corrupción realizados desde su territorio, incluso cuando los sobornos se pagan en el extranjero. El FBI, HSI Houston y la Oficina del Inspector General del FDIC (FDIC-OIG) encabezaron la investigación.
