Trump amenaza con cortar fondos por ciudades santuario
Donald Trump lanzó un ultimátum a los estados con ciudades santuario y advirtió que, a partir del 1 de febrero, podrían perder recursos federales por no cooperar con su política migratoria.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles 14 de enero que los pagos federales a los estados se detendrán a partir del 1 de febrero debido a la existencia de las llamadas “ciudades santuario”, aunque no precisó qué fondos serían recortados ni a qué entidades afectaría directamente la medida.
El mandatario reiteró declaraciones hechas un día antes y endureció su postura al señalar que el gobierno federal dejará de enviar recursos a los estados que, a su juicio, protegen a criminales mediante este tipo de políticas. El anuncio fue difundido a través de una publicación en sus redes sociales oficiales.
“A partir del primero de febrero, no se harán más pagos por parte del gobierno federal a los estados por sus corruptos centros de protección criminal conocidos como ciudades santuario”, escribió Trump, al insistir en que estas localidades obstaculizan la aplicación de las leyes migratorias.
Sin embargo, en agosto pasado un juez federal bloqueó un intento similar de la administración Trump para retener fondos a más de 30 jurisdicciones, entre ellas Los Ángeles, Baltimore, Boston y Chicago, las cuales se negaron a colaborar con la política de línea dura contra la migración impulsada por el presidente.
La orden judicial vigente sólo protege a las jurisdicciones que se sumaron a ese litigio, el cual aún sigue en proceso, mientras que otras demandas relacionadas con la financiación federal y las políticas de santuario continúan abiertas en distintos tribunales del país.
Las llamadas ciudades santuario son localidades donde los gobiernos locales limitan su cooperación con agencias federales de inmigración, como el ICE, evitando interrogar a personas por su estatus migratorio, restringiendo el intercambio de datos sin orden judicial y garantizando el acceso a servicios básicos como salud, educación y protección civil, independientemente de la situación migratoria.
