ONU señala prisión preventiva prolongada contra 22 mujeres en penal de Morelos
El Comité Cedaw de la ONU determinó que 22 mujeres permanecieron más de una década en prisión preventiva en el penal federal de Coatlán del Río, Morelos, sin sentencia y sin revisiones adecuadas de su situación jurídica.
Ciudad de México, 6 de marzo de 2026. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de la Organización de las Naciones Unidas determinó que 22 mujeres fueron mantenidas en prisión preventiva durante más de una década en México, algunas hasta por 15 años, sin sentencia y sin revisiones adecuadas de su situación jurídica.
El dictamen fue dado a conocer por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que informó que varias de las internas permanecieron durante años sin avances sustanciales en sus procesos judiciales.
“Estas mujeres fueron mantenidas sin una revisión adecuada de la medida de detención”, señaló Erika Schläppi, integrante del comité.
El análisis se centra en la situación de mujeres recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, en el estado de Morelos, considerado el único penal federal exclusivo para mujeres en el país.
De acuerdo con el informe, la mayoría de los casos se originaron tras detenciones realizadas a partir de 2009, durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Las mujeres fueron arrestadas principalmente por presuntos vínculos con delincuencia organizada y permanecieron bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar prevista en la Constitución para ciertos delitos.
El comité indicó que varias internas permanecieron encarceladas durante años sin revisiones periódicas de la medida cautelar ni avances relevantes en sus procesos judiciales.
Asimismo, el informe señala que tres mujeres fueron absueltas entre 2023 y 2024, después de haber permanecido más de una década en prisión preventiva.
El Cedaw también advirtió que muchas de las internas enfrentan dificultades para mantener contacto con sus familias, debido a la distancia del penal y a las limitaciones económicas que dificultan la realización de visitas.
