Proponen ley general contra el feminicidio
El gobierno federal presentó una iniciativa para crear una ley general que tipifique el feminicidio a nivel nacional, con sanciones de hasta 70 años de prisión y nuevos protocolos de investigación.
Ciudad de México, México. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa de reforma constitucional para expedir una ley general en materia de feminicidio, la cual contempla penas de hasta 70 años de prisión y la inclusión de 21 agravantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la propuesta será enviada al Senado de la República en los próximos días.
La iniciativa plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio, con el objetivo de establecer criterios homologados en todo el país.
El proyecto contempla reformas al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
Entre los elementos centrales se encuentra la homologación del tipo penal, que incluiría nueve razones de género, como signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de subordinación, estado de indefensión o exposición del cuerpo.
La propuesta establece sanciones de 40 a 70 años de prisión, así como penas para tentativa, multas económicas y 21 agravantes, entre ellas que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad, pertenezca a pueblos originarios o que el delito se cometa frente a familiares.
Asimismo, se plantea que el delito sea investigado de oficio, que las sanciones y la reparación del daño sean imprescriptibles, y que los responsables pierdan derechos como la patria potestad, la tutela y beneficios relacionados con las víctimas.
La iniciativa también prevé la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas, así como la capacitación del personal encargado de la investigación, incorporando de manera obligatoria la perspectiva de género en todas las etapas del proceso.
De acuerdo con lo expuesto, el proyecto busca establecer mecanismos de coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas, así como la implementación de políticas públicas orientadas a prevenir la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.
