Exportaciones de armas de EU bajo revisión
Congresistas demócratas solicitaron al Departamento de Comercio información detallada sobre exportaciones de armas semiautomáticas desde 2025, ante preocupaciones de que puedan estar alimentando la violencia criminal en América.
Washington, Estados Unidos, 30 de marzo de 2026. Dos legisladores demócratas, Elizabeth Warren y Gregory Meeks, solicitaron al Departamento de Comercio de Estados Unidos información detallada sobre las exportaciones de armas de fuego semiautomáticas, en el marco de sus facultades de supervisión.
De acuerdo con una carta dirigida al subsecretario de Comercio, Jeffrey Kessler, los legisladores pidieron un informe completo sobre las licencias de exportación aprobadas desde enero de 2025, conforme a lo establecido en la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones de 2018.
La solicitud incluye datos sobre rifles semiautomáticos, pistolas, escopetas y accesorios relacionados. También requiere información sobre el número de licencias aprobadas, países de destino, tipos de compradores autorizados y medidas implementadas para evitar el desvío de armas hacia mercados ilegales.
Los congresistas citaron cifras de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que indican que armas exportadas legalmente desde Estados Unidos representan cerca del 20 por ciento de las utilizadas en delitos en Centroamérica y más del 37 por ciento fuera de Norteamérica.
Entre las empresas mencionadas en el documento se encuentran Sturm Ruger & Co y Smith & Wesson Brands, dedicadas a la producción y venta de este tipo de armamento.
La carta solicita que la información sea entregada antes del 13 de abril, además de una sesión informativa para las comisiones correspondientes.
Como antecedente, en marzo de este año, Warren presentó una iniciativa legislativa para impedir que una planta de municiones del Ejército en Misuri venda balas de uso militar a civiles. Asimismo, en 2023 el Departamento de Comercio suspendió temporalmente la emisión de licencias de exportación de armas y municiones civiles para evaluar riesgos relacionados con su posible uso en actividades delictivas o violaciones a derechos humanos.
