Analfabetismo en México persiste : UNESCO
Más de 4.1 millones de personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir en México, con mayor incidencia en zonas indígenas y rurales, donde la barrera del idioma influye en el acceso a la educación.
Ciudad de México, 31 de marzo de 2026.
En México persisten los problemas de lectoescritura y alfabetización, principalmente entre adultos mayores de comunidades indígenas y rurales, donde la barrera lingüística continúa siendo un factor determinante, señaló Andrés Morales, representante de la UNESCO en el país.
Durante la presentación de la Estrategia 2026-2031 del organismo, el funcionario indicó que existen acciones focalizadas en entidades con mayor rezago educativo, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación en todos los niveles.
De acuerdo con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en el país hay aproximadamente 4 millones 100 mil personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. La meta del organismo, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, es que para finales de 2026 se alcance el reconocimiento de “bandera blanca” en alfabetización por parte de la UNESCO.
Para lograr esta certificación, el porcentaje de población analfabeta debe ubicarse por debajo del 4 por ciento. Actualmente, la tasa nacional es de 3.95 por ciento, con el objetivo de reducirla a 3.8 por ciento.
Morales explicó que la Estrategia 2026-2031 contempla cuatro ejes principales: educación transformadora, sostenibilidad ambiental, construcción de sociedades inclusivas y promoción de la innovación tecnológica.
Asimismo, señaló que, aunque México ha registrado avances en cobertura educativa y diversidad, aún es necesario fortalecer los aprendizajes fundamentales.
El representante de la UNESCO también mencionó que otro de los retos es la seguridad e inclusión social, destacando iniciativas locales como programas de construcción de paz en Michoacán.
Finalmente, advirtió que los organismos internacionales enfrentan desafíos políticos y financieros, derivados de la disminución de confianza y recortes presupuestales por parte de algunos países, lo que obliga a fortalecer la colaboración con actores como la sociedad civil, el sector privado y la academia.
