Sindicato Minero exige que FGR atraiga caso de la mina Camino Rojo
El dirigente del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, pidió a autoridades mexicanas investigar a la empresa Orla Mining por presuntos actos de intimidación contra trabajadores en Zacatecas, en el contexto de un fallo del mecanismo laboral del T-MEC.
Ciudad de México, México — 11 de abril de 2026. El dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, solicitó la intervención de autoridades laborales y judiciales para investigar y sancionar a Orla Mining, empresa que opera la mina Camino Rojo en Zacatecas, por presuntos actos de intimidación contra trabajadores.
De acuerdo con el líder sindical, la empresa habría permitido la participación de grupos delictivos para presionar a los trabajadores a abandonar el sindicato y afiliarse a otra organización gremial.
El señalamiento se da tras la resolución del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que determinó que la compañía incurrió en violaciones a la legislación laboral mexicana relacionadas con la libertad de asociación.
Gómez Urrutia cuestionó la postura de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Economía, que rechazaron el alcance de la resolución del panel, al considerar que este no puede pronunciarse sobre casos de violencia.
El dirigente planteó que la Fiscalía General de la República debería atraer el caso, al señalar que la fiscalía estatal de Zacatecas no ha reportado avances en las investigaciones.
También mencionó antecedentes en otras operaciones mineras con participación de empresas canadienses, como el caso de Torex Gold Resources en la mina Media Luna, en Guerrero, donde en 2018 fueron asesinados trabajadores durante un conflicto sindical.
Asimismo, refirió el caso de Americas Gold and Silver Corporation en Cosalá, Sinaloa, donde, según su versión, se registraron presiones similares hacia trabajadores.
El dirigente sostuvo que el mecanismo laboral del T-MEC establece la obligación de garantizar la libertad de asociación y la negociación colectiva en un entorno libre de violencia e intimidación.
Indicó que el panel, integrado por representantes de México, Estados Unidos y Canadá, documentó testimonios de trabajadores que denunciaron amenazas, incluidas visitas a domicilios por parte de personas armadas.
El dirigente señaló que el resolutivo del panel es vinculante y consideró que las autoridades deben dar seguimiento a los hechos reportados en la mina Camino Rojo.
