Organizaciones internacionales piden al PJF resolver amparos de Kenia Hernández
Colectivos y organismos internacionales de derechos humanos solicitaron al Poder Judicial de la Federación resolver los juicios de amparo promovidos por la activista indígena amuzga Kenia Hernández Montalván, quien permanece privada de la libertad desde 2020 y enfrenta dos sentencias en el Estado de México.
Nezahualcóyotl, Estado de México, 16 de mayo de 2026. Organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, la justicia, la lucha contra la tortura y la desaparición forzada solicitaron al Poder Judicial de la Federación (PJF) resolver con prontitud los juicios de amparo promovidos por la activista indígena amuzga Kenia Inés Hernández Montalván, quien permanece privada de la libertad desde octubre de 2020.
La petición fue difundida mediante una carta dada a conocer por la organización Zeferino Ladrillero. En el documento, los firmantes señalaron que el PJF tiene la oportunidad de resolver los procesos pendientes y garantizar el acceso a la justicia de la defensora.
Las organizaciones pidieron la aplicación de estándares internacionales relacionados con personas defensoras de derechos humanos y el derecho a la protesta pacífica.
Kenia Hernández Montalván ha enfrentado diez procesos de criminalización desde 2010. De acuerdo con el pronunciamiento, ocho causas federales ya fueron cerradas, mientras que permanecen pendientes dos procesos del ámbito local en el Estado de México.
Actualmente enfrenta una condena de 21 años de prisión por los delitos de robo y ataques a las vías de comunicación. Tras su detención en 2020 estuvo recluida en un penal de máxima seguridad y posteriormente en distintos centros penitenciarios mexiquenses. Actualmente se encuentra en el penal estatal Neza-Sur.
El documento fue firmado por organizaciones como la Asociación Cristiana para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Front Line Defenders.
Las organizaciones señalaron que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar protección judicial efectiva y evitar actos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos.
También solicitaron a las autoridades mexiquenses generar condiciones para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y el derecho a la protesta pacífica.
La defensa legal de Hernández Montalván promovió juicios de amparo contra las dos sentencias locales, los cuales permanecen en trámite ante órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito en materia penal.
En el documento, los organismos recordaron que antes de su detención la activista participó en movimientos sociales en Guerrero, entre ellos el Colectivo Libertario Zapata Vive y el Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero.
Asimismo, señalaron que relatores de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias han expresado preocupación por las sentencias emitidas en su contra.
Las organizaciones también señalaron que durante su reclusión enfrenta limitaciones para mantener comunicación constante con sus hijos y familiares debido a restricciones económicas y de distancia.
