Este lunes, la Fiscalía de Venezuela solicitó a un juzgado especializado en delitos de “terrorismo” que emita una “orden de aprehensión” contra Edmundo González Urrutia, el candidato de la principal coalición opositora, por su “presunta comisión de delitos de usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público” relacionados con las actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio.
La solicitud se presenta luego de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones sin que el opositor se presentara, argumentando que no se le había informado en qué calidad debía comparecer ni reconocía los delitos que el Ministerio Público (MP) le imputaba.
En un documento oficial emitido hoy, se añade que González Urrutia también enfrenta cargos de “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas” y “asociación para delinquir”.
La investigación se relaciona con la publicación de una página web en la que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, asegura haber subido “el 83.5% de las actas electorales” recolectadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección, con el fin de respaldar su denuncia de fraude en las presidenciales.
Estas actas, que el Ejecutivo considera “falsas”, fueron divulgadas por la PUD después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Nicolás Maduro como ganador de los comicios, un resultado cuestionado por varios países que respaldan la afirmación de que González Urrutia ganó con amplio margen.
El jueves pasado, tras la tercera boleta de citación, la Fiscalía advirtió que, de no presentarse nuevamente, se emitiría una “orden de aprehensión” debido al “peligro de fuga”.
El 25 de agosto, fecha de la primera citación, González Urrutia publicó un video en redes sociales donde denunció que el MP intentaba someterlo a una entrevista sin especificar en qué condición debía comparecer y con delitos preconfigurados que no había cometido.
Según González Urrutia, el fiscal general Tarek William Saab ha actuado como un “acusador político”, condenándolo de antemano y promoviendo una citación sin garantías de independencia ni debido proceso.
