La confrontación entre Evo Morales y el gobierno de Luis Arce en Bolivia se intensifica tras el supuesto atentado contra el expresidente, quien se encuentra bajo investigación por abuso. El incidente, ocurrido el pasado 27 de octubre, ha derivado en una serie de acusaciones sobre la autenticidad del ataque y el posible papel del Estado en su ejecución.
Un día después del ataque, Morales mostró videos de los daños en su vehículo, los cuales incluían impactos de bala en la carrocería, cristales e incluso en los asientos. En un mensaje publicado en X, acusó al gobierno de haber montado el atentado para inculparlo y solicitó una investigación internacional a través de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para esclarecer los hechos y revelar quién es el “victimario”.
Sin embargo, el gobierno boliviano mantiene que el atentado fue en realidad un “autoatentado”. Como prueba, señalaron presuntas irregularidades, entre ellas la aparición de dos vestimentas diferentes del conductor del vehículo de Morales, lo cual levanta sospechas sobre la veracidad de los hechos.
Por su parte, Eduardo Castillo, ministro de Gobierno, acusó a Morales de orquestar un “teatro” para eludir una revisión de su caravana, durante la cual resultó herido un agente. Castillo también mencionó que el incidente ocurrió durante un operativo antidrogas, pues sospechan que el equipo de Morales transportaba narcóticos y ahora intenta destruir la evidencia.
Mientras tanto, algunos críticos del exmandatario sugieren que podría estar planeando abandonar el país para evitar futuras repercusiones legales, lo que suma a la incertidumbre que rodea este conflicto político en Bolivia.
