Obstáculos judiciales y costos millonarios complican plan antimigrante de Trump

El presidente electo Donald Trump enfrenta un complejo panorama legal y económico para ejecutar su propuesta de deportación masiva, que apunta a remover a 11 millones de inmigrantes indocumentados. Aunque su equipo, liderado por Tom Homan, asegura que se buscará deportar incluso a familias completas, la viabilidad del plan está en duda debido a la saturación del sistema migratorio y los elevados costos.

Actualmente, el sistema de inmigración acumula un retraso histórico, con 3.7 millones de casos pendientes, incluidos 1.6 millones relacionados con solicitudes de asilo. Un análisis de Axios indica que este rezago podría extenderse hasta 2040 si se suman los nuevos casos proyectados bajo el plan de Trump.

Además, la implementación requeriría un incremento significativo en recursos, incluyendo la contratación de jueces de inmigración, construcción de centros de detención y expansión de programas de monitoreo. Se estima que estos cambios costarían entre 150 mil y 350 mil millones de dólares, con un impacto potencialmente disruptivo en el presupuesto federal.

En el ámbito legal, Trump y su equipo evalúan mecanismos como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones. Sin embargo, esta normativa sólo aplica en tiempos de guerra declarada, lo que limitaría su uso y podría desatar una batalla judicial de alto nivel.

La propuesta también ha generado alarma en sectores sociales, advirtiendo sobre el impacto de las deportaciones masivas en la economía y el tejido social estadounidense. Organismos de derechos humanos anticipan resistencia en los tribunales y en la sociedad civil.

El ambicioso plan antimigrante de Trump se perfila como un desafío mayúsculo, tanto por su ejecución como por las consecuencias políticas, económicas y sociales que podría desencadenar en Estados Unidos.