Diputados avalan en lo general prohibir uso de vapeadores y fentanilo
Con 410 votos a favor, 24 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general, elevar a rango constitucional la prohibición de fentanilo ilícito y el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Esta reforma es parte del paquete de 20 iniciativas enviadas por Andrés Manuel López Obrador durante su mandato, luego de que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 revelara que el uso de cigarrillos electrónicos en adolescentes alcanzó el 2.6 por ciento (aproximadamente 500 personas) y en adultos el 1.5 por ciento (alrededor de 300 mil personas), generando afectaciones a su salud.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que en 2022, alrededor de cinco millones de personas entre 12 y 65 años de edad habían usado alguna vez un vapeador, y 975 mil lo usaban regularmente.
Ante estas cifras y el impacto negativo en los consumidores, el dictamen aprobado el 3 de diciembre adiciona diversas disposiciones a los artículos 4º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a la salud. Determina que “para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.»
Asimismo, se prohíben las profesiones, industrias, comercio interior o exterior, trabajos o cualquier otra actividad relacionada con dichas sustancias.
Se establece también la prohibición de la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, y el uso ilícito de drogas sintéticas no autorizadas, tales como fentanilo y metanfetaminas.
A partir de la entrada en vigor de este dictamen, el Congreso de la Unión tendrá 180 días para armonizar el marco jurídico de las leyes correspondientes con el contenido del decreto, mientras que las legislaturas de los 32 estados del país deberán realizar las adecuaciones normativas previstas en el decreto dentro de los 365 días naturales siguientes a la publicación de esta reforma, según el régimen transitorio.
El Pleno consideró que no se autorizarán recursos adicionales para los efectos de este dictamen, por lo que los costos generados una vez entrado en vigor correrán a cargo de los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal.
Respecto al desembolso generado por la entrada en vigor del presente decreto, se determinó que se llevará a cabo con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal, sin autorizar recursos adicionales para estos efectos.
