Crisis en cárceles de Morelos: Derechos Humanos señala omisiones del gobierno de Cuauhtémoc Blanco

El sistema penitenciario de Morelos enfrenta una crisis de gobernabilidad y condiciones críticas, atribuibles a las omisiones del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, según denunció Raúl Israel Hernández Cruz, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM). En entrevista, Hernández Cruz afirmó que la administración anterior ignoró las recomendaciones sobre derechos humanos y desatendió problemas estructurales como la sobrepoblación y la falta de custodios en los penales.

El ombudsperson señaló que esta falta de acción permitió que grupos internos asumieran el control en los Centros de Readaptación Social (Cereso), instaurando un régimen de autogobierno. «Quienes mandan en las cárceles en Morelos son los grupos organizados dentro de ellas y no las autoridades», aseguró.

Hernández Cruz también denunció la complicidad y corrupción dentro del sistema penitenciario, donde funcionarios permitieron el ingreso de objetos prohibidos, incluyendo armas, drogas y celulares, que facilitan actividades ilícitas. “El propio Gobierno pasado se percató de la facilidad con la que ingresan estos objetos, pero no tomó acciones contundentes para detenerlo”, afirmó.

La situación en los penales es parte de una crisis más amplia en el sistema de reinserción social, reconocida incluso por la actual administración encabezada por Margarita González Saravia. Según Hernández Cruz, la CDHM trabaja en diagnósticos para identificar las áreas críticas y orientar a las autoridades en la implementación de mejoras.

El titular de la CDHM destacó que, a diferencia del gobierno anterior, la nueva administración ha mostrado disposición al diálogo. No obstante, expresó preocupación de que las promesas de cambio no trasciendan el discurso, ya que algunas respuestas de funcionarios han reflejado prácticas similares a las de la gestión previa.

Finalmente, Hernández Cruz enfatizó que es necesario llevar a cabo investigaciones y sancionar a los responsables de las omisiones que agravaron la situación en los penales. «La Comisión de Derechos Humanos debe ser un aliado para lograr mejoras en el sistema, pero también un vigilante para que las irregularidades no se repitan», concluyó.