El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, denunció en conferencia de prensa que un juez del estado habría eliminado de manera «ilegal» pruebas clave que habrían permitido la excarcelación del exdiputado Juan Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos. Estas acciones han generado un amplio rechazo por parte de la Fiscalía, diversas organizaciones, e incluso del gobernador de Oaxaca.
Rodríguez Alamilla subrayó que tanto los ministerios públicos como los peritos del Instituto de Ciencias Forenses cumplieron con su labor al presentar más de 300 pruebas, las cuales incluían un dictamen forense que confirma el uso de ácido sulfúrico en el ataque a Ríos, además de registros de llamadas que vinculaban a Vera Carrizal con los autores materiales del crimen. Entre las pruebas presentadas, también se identificó un pago de 30 mil pesos a uno de los agresores, lo que calificó el delito como tentativa de feminicidio con agravantes, debido al uso de sustancias químicas peligrosas.
El fiscal criticó que, a pesar de la contundencia de las pruebas, el juez no les otorgó valor probatorio, desestimando evidencias cruciales para el caso. «Una de ellas es el ácido que se le roció a la víctima, causándole quemaduras en el 40% de su cuerpo, quemaduras que pusieron en riesgo su vida. Para el juez, esto no significó una tentativa de feminicidio, pero para la Fiscalía sí lo es», expresó Rodríguez Alamilla.
En respuesta a la actuación del juez, la Fiscalía apeló la resolución que dejaba en libertad a los implicados. El Tribunal aceptó la apelación y dejó sin efecto la liberación, lo que permitirá que se reinicie el juicio con una revisión exhaustiva de todas las pruebas. «Nuestras pruebas no son dichos, ni chismes; están basadas en ciencia forense y criminal y, por ello, deben ser tomadas en cuenta y no desechadas de forma irregular», concluyó el fiscal.
Este caso, que ha sido expuesto incluso en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, continúa generando una amplia discusión sobre la justicia y el manejo de la evidencia en los casos de violencia de género en México.
