Juez electo en Veracruz vinculado por abuso sexual; INE podría retirar cargo
Héctor Ulises Orduña, juez electo en el distrito 2 de Poza Rica, Veracruz, enfrenta prisión preventiva tras ser imputado por el presunto abuso sexual de una menor, lo que ha activado las alertas del Instituto Nacional Electoral (INE) para evaluar la posible revocación de su nombramiento. El caso ha generado polémica, pues fue uno de los jueces más votados en el proceso reciente, a pesar de los graves señalamientos en su contra.
Según la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el 6 de abril de 2025 se imputó a Orduña por el presunto delito de abuso sexual a menores en agravio de su sobrina adolescente, quien habría sido víctima de tocamientos lascivos por parte del ahora juez electo dentro de una clínica, en hechos ocurridos en el año 2021. Dada la naturaleza del delito y los vínculos familiares, un juez de control le impuso prisión preventiva como medida cautelar.
El caso ha sido remitido al INE, institución responsable de la validación de los procesos de elección judicial. Actualmente, el organismo se encuentra a la espera de la información oficial que confirme si la acusación inhabilita al imputado para ejercer funciones públicas, en el marco del principio conocido como “8 de 8 contra la violencia”, que prohíbe ocupar cargos a quienes hayan sido condenados por delitos como violencia familiar, acoso sexual, abuso contra menores o delitos sexuales. No obstante, el criterio establece que debe existir sentencia firme para proceder a la revocación, situación que aún no ocurre en este caso.
A pesar de su situación legal, Orduña obtuvo el segundo lugar en votos para el cargo de juez de especialidad mixta, resultado que fue suficiente para su designación. Este hecho ha detonado críticas sobre los mecanismos de selección judicial y la falta de filtros para detectar posibles agresores antes de oficializar sus nombramientos.
Diversas organizaciones feministas y colectivos de víctimas han pedido al INE y al Poder Judicial que tomen medidas precautorias y pongan el interés superior de la niñez y la integridad institucional por encima de tecnicismos jurídicos. Asimismo, exigen que se revise si existían antecedentes o denuncias previas que no fueron consideradas durante el proceso de selección.
El caso se mantiene en etapa de investigación complementaria, mientras el juez electo continúa en prisión preventiva. En los próximos días, el INE deberá resolver si, con base en los principios de ética pública y perspectiva de género, procede a retirar el nombramiento judicial, aun sin sentencia definitiva.
