Morelos: familiares denuncian prescripción de delitos por inhumaciones irregulares en Tetelcingo
Familiares de Oliver Navarrete Hernández señalaron que los delitos relacionados con la inhumación de 119 cadáveres en fosas de la Fiscalía de Morelos en 2014 ya prescribieron, sin que los 42 servidores públicos involucrados hayan sido sancionados.
Cuernavaca, Morelos, 10 de diciembre de 2025. Familiares de Oliver Navarrete Hernández afirmaron que en Morelos no se ha garantizado justicia para su caso ni para los otros 118 cuerpos inhumados en 2014 en dos fosas de la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicadas en Tetelcingo, Cuautla.
María y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver, señalaron que a 11 años de la inhumación irregular de 119 cadáveres ocurrida el 28 de marzo de 2014 —cuando los cuerpos fueron enterrados en un predio que no funcionaba como panteón— ningún servidor público ha sido sancionado. Indicaron que los delitos relacionados con el respeto a los muertos y la violación de leyes de inhumación y exhumación ya prescribieron.
Las denunciantes explicaron que la primera prescripción se dictó en octubre de 2024 y la segunda el 8 de diciembre de 2025. De acuerdo con la recomendación 48/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al menos 42 funcionarios de la entonces Procuraduría General del Estado habrían participado en la inhumación irregular.
Oliver Navarrete fue secuestrado y asesinado en Cuautla en mayo de 2013. Su cuerpo fue levantado por la FGE, retenido en el Servicio Médico Forense y posteriormente enterrado junto con otros cadáveres en marzo de 2014. Tras un amparo, la familia logró la exhumación de su cuerpo el 9 de diciembre de 2014.
Durante ese proceso, identificaron la existencia de más cuerpos sepultados sin protocolos, lo que derivó en la apertura y exhumación total de las fosas en mayo de 2016. Desde entonces, interpusieron denuncias para que se investigara y sancionara a los responsables.
Las familiares señalaron que, a pesar de haber notificado a la FGE sobre los plazos legales, los procesos avanzaron hasta que los delitos prescribieron. También indicaron que dos de los presuntos implicados fallecieron sin que se determinara su responsabilidad.
El 28 de marzo, fecha de la inhumación de los cuerpos, fue declarado en Morelos como Día Estatal de las Víctimas. Según las denunciantes, ni el gobierno estatal ni la Fiscalía han garantizado justicia para los afectados.
Amalia Hernández afirmó que, tras más de una década, las autoridades no lograron acreditar elementos básicos en las audiencias correspondientes, lo que refuerza su percepción de falta de procuración de justicia en casos relacionados con víctimas de violencia.
