Tribunal ratifica censura a favor de Layda
El Tribunal de Campeche confirmó la censura previa contra Tribuna y un periodista, al imponer un interventor que revisa toda publicación sobre Layda Sansores, medida cuestionada por vulnerar la libertad de expresión.
Ciudad de México.— El Tribunal Superior de Justicia de Campeche ratificó las medidas cautelares que obligan al diario Tribuna y al periodista Jorge Luis González Valdez a someter a revisión cualquier publicación que mencione a la gobernadora Layda Sansores. La decisión, emitida el 29 de agosto, mantiene a un interventor judicial con facultades para autorizar o frenar notas, columnas y comentarios.
La resolución también extiende la vigilancia sobre el periodista. González Valdez deberá remitir de manera simultánea al área de Derechos Humanos del tribunal todo contenido relacionado con Sansores, mientras la Secretaría de Seguridad estatal quedó encargada de su monitoreo permanente. La orden le prohíbe expresarse contra la mandataria en medios de comunicación, redes sociales o conferencias públicas.
El primer fallo fue dictado el 16 de julio por la jueza de control Edelmira Cervera, quien justificó la intervención con el argumento de evitar violencia política de género. Días después, el 31 de julio, las restricciones se ampliaron a las redes sociales de Tribuna, lo que organizaciones como la Alianza de Medios de México calificaron como un caso evidente de censura previa.
Defensores de la libertad de prensa señalan que estas medidas contradicen los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, que garantizan el derecho a la información y prohíben expresamente la censura previa. También advierten que violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Hasta ahora, el Poder Judicial de Campeche no ha emitido comunicado oficial ni difundido la versión pública de la resolución, mientras que medios nacionales como La Jornada, La Silla Rota y Latinus han documentado los alcances del llamado “censor judicial” y sus repercusiones.
La ratificación mantiene abierto el debate sobre los límites entre la protección a figuras públicas y el derecho de la ciudadanía a informarse. Para críticos, el caso de Campeche es un precedente preocupante del uso de la justicia como herramienta de restricción a la prensa.
