El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue arrestado ayer tras negarse a comparecer ante las autoridades por su controvertida declaración de ley marcial que derivó en su destitución. El operativo, liderado por la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO), movilizó a más de tres mil oficiales que rodearon su residencia en Seúl.
Después de horas de tensiones y enfrentamientos con su equipo de seguridad, Yoon accedió a entregarse para evitar un potencial derramamiento de sangre. En un videomensaje grabado antes de su traslado, declaró: “Para prevenir un incidente desafortunado y violento, he decidido comparecer”. Fue llevado bajo un fuerte operativo al centro de investigaciones en Gwancheon, lo que marcó uno de los momentos más tensos en la crisis política que enfrenta el país.
El expresidente, de 64 años, ha denunciado públicamente lo que considera una persecución política. Tanto él como sus abogados han calificado el operativo como ilegal, argumentando que las acciones buscan únicamente humillarlo. Hasta el cierre de esta edición, no se había confirmado si había rendido declaración respecto a su papel en la declaración de ley marcial.
Yoon Suk Yeol enfrenta acusaciones de intentar tomar el control de los poderes del Estado por medios militares el pasado 3 de diciembre. Este intento provocó masivas protestas que exigieron su destitución inmediata y dejaron al país sumido en una grave crisis política.
Desde su salida del poder, Corea del Sur ha visto la designación de dos líderes interinos, mientras la administración actual, encabezada por Choi Sang-mok, ha prometido tomar medidas enérgicas contra cualquier acto violento que pueda surgir como respuesta al arresto.
La captura del exmandatario marca un momento crucial para la política surcoreana y mantiene al país bajo la atenta mirada de la comunidad internacional.
