La revelación de AstraZeneca sobre el posible efecto secundario de coagulación de la sangre de su vacuna contra el COVID-19 ha generado una nueva polémica en el ámbito legal y de la salud pública. La farmacéutica, en respuesta a una demanda colectiva, admitió por primera vez en un tribunal que su vacuna puede desencadenar el síndrome de trombosis con trombocitopenia (TTS), un efecto secundario extremadamente raro pero potencialmente mortal.
Este reconocimiento se produjo en el marco de una demanda presentada por varias familias que alegan haber sufrido lesiones graves o haber perdido seres queridos como resultado de la vacuna «defectuosa». Aunque AstraZeneca impugnó las acusaciones, admitió la posibilidad del síndrome de TTS en un documento legal presentado ante el Tribunal Superior.
La revelación de la farmacéutica podría tener consecuencias significativas, ya que las víctimas podrían buscar una indemnización legal considerable. La primera demanda fue presentada por Jamie Scott, quien quedó con una lesión cerebral permanente después de recibir la vacuna de AstraZeneca.
En total, se han presentado 51 casos en Gran Bretaña, con víctimas y familiares que buscan compensaciones por un total de más de 125 millones de dólares. Además, el gobierno británico se comprometió a pagar las facturas legales de AstraZeneca, lo que significa que en caso de perder, las autoridades utilizarán el dinero de los contribuyentes para compensar a los afectados, en virtud de un acuerdo de indemnización firmado durante la pandemia de COVID-19.
Estos casos de trombosis como efecto secundario de la vacuna de AstraZeneca han generado preocupaciones y controversias desde el año 2021, cuando se registraron los primeros incidentes, incluida la muerte de una joven de 18 años en Italia después de recibir la vacuna, lo que desencadenó una investigación sobre el personal sanitario involucrado.
