Estados Unidos ha decidido renovar sus sanciones petroleras contra Venezuela debido a la percepción de que el presidente Nicolás Maduro no ha cumplido con los compromisos electorales acordados el año pasado en Barbados, que buscaban organizar elecciones libres.
La Licencia 44, que había aliviado las sanciones al petróleo y al gas venezolanos, vence este jueves sin ser renovada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Washington, lo que reintroduce restricciones contra Caracas.
La administración Biden justifica esta medida por los incumplimientos del Gobierno de Maduro respecto al Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales y derechos políticos, especialmente en relación con la inhabilitación de los principales candidatos de la oposición.
Phil Gunson, del Grupo de Crisis en Venezuela, destaca que esta decisión impactará en los ingresos del país y dificultará atraer inversiones necesarias para la recuperación de la industria petrolera venezolana, aunque señala que las negociaciones entre ambas partes continúan.
A pesar de esta medida, Washington deja abierta la posibilidad de diálogo al evaluar las licencias privadas caso por caso, lo que no expulsará del país a las petroleras europeas y estadounidenses, incluida Chevron, que opera desde 2022 en Venezuela.
Analistas consideran que esta decisión, aunque perjudicial para la economía venezolana, podría aumentar la migración de venezolanos y generar problemas políticos para el Gobierno de Estados Unidos.
La renovación de las sanciones también plantea preocupaciones sobre el tema energético y geopolítico, ya que se espera que empresas occidentales mantengan su presencia en la industria petrolera venezolana, evitando así que Venezuela se acerque más a adversarios geopolíticos de Estados Unidos como Rusia y China.
Estas sanciones se imponen en un momento en que Venezuela produce la mayor cantidad de petróleo desde 2020, y luego de que en febrero Washington permitiera expirar la licencia para la venta y exportación del oro venezolano.
