Trump aprueba ley para deportación de migrantes acusados de delitos

En su primer acto legislativo de su segundo mandato, el presidente Donald Trump firmó la “Ley Laken Riley”, una polémica normativa que permite la detención y deportación automática de migrantes en situación irregular si son acusados de delitos como robo, asalto a agentes o daños graves, sin necesidad de una condena previa.

La ley, bautizada en memoria de una estudiante asesinada en Georgia en 2024 por un migrante venezolano, busca acelerar la expulsión de personas señaladas por actividades delictivas, aunque ha generado preocupación entre legisladores demócratas y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten sobre el riesgo de criminalización injusta.

Aprobada rápidamente por el Congreso de mayoría republicana, la legislación también faculta a los fiscales estatales para demandar al gobierno federal si migrantes con estatus migratorio impugnado cometen delitos que afecten a la población local en términos físicos o económicos.

Uno de los aspectos más controversiales de la ley es que permite la deportación con base en una simple acusación, sin que se requiera una sentencia judicial. Esto ha desatado críticas de diversas organizaciones, que alertan sobre la posibilidad de que personas inocentes sean expulsadas del país sin un debido proceso.

Defensores de derechos civiles advierten que la ley podría derivar en casos extremos, como la deportación de individuos que estuvieron presentes en un incidente sin pruebas concluyentes de su participación, afectando a comunidades enteras con medidas consideradas excesivas.

A pesar de la oposición y las advertencias sobre posibles abusos, la administración Trump ha defendido la ley como una herramienta clave para reforzar la seguridad y el control migratorio, asegurando que prioriza la protección de los ciudadanos estadounidenses.