El desafío climático tras una década del Acuerdo de París

A casi una década de la firma del Acuerdo de París en 2015, el panorama climático mundial presenta avances desiguales. Mientras algunos países han acelerado su transición hacia energías limpias y han establecido metas ambiciosas de reducción de emisiones, otros continúan dependiendo de los combustibles fósiles y han mostrado resistencia a cambios estructurales. México, en este contexto, enfrenta retos significativos para cumplir sus compromisos ambientales y avanzar en una transición energética sostenible.

El contexto global: avances y obstáculos

Desde su firma, el Acuerdo de París ha impulsado la adopción de políticas climáticas en distintos países, con un aumento notable en la inversión en energías renovables como la solar y la eólica. Sin embargo, no todos los países han reducido significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido una postura cambiante respecto al acuerdo, con su salida en 2020 bajo la administración de Donald Trump y su reincorporación con Joe Biden en 2021. Sin embargo, el reciente retorno de Trump a la presidencia en 2025 y su decisión de abandonar nuevamente el acuerdo podrían afectar la cooperación internacional en materia climática.

China e India han defendido su derecho a seguir usando combustibles fósiles argumentando que las exigencias del acuerdo no distinguen adecuadamente entre economías avanzadas y países en desarrollo. En tanto, Arabia Saudita y otras naciones petroleras han tratado de frenar medidas que limiten su industria, lo que ha generado fricciones dentro de las negociaciones climáticas internacionales.

México y sus compromisos climáticos

México se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% para 2030, con la posibilidad de alcanzar hasta un 36% con apoyo internacional. En 2022, el gobierno mexicano actualizó sus metas, prometiendo una reducción del 35% para el mismo año. Sin embargo, las acciones concretas han sido objeto de debate y escrutinio.

La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia en octubre de 2024 marcó un nuevo capítulo en la política ambiental mexicana. Durante su toma de protesta, la mandataria destacó la necesidad de avanzar en una transición hacia fuentes renovables de energía y presentó un conjunto de compromisos en materia medioambiental. Entre ellos, la creación de 10 plantas de reciclaje, la reforestación de bosques y la protección de cuerpos de agua.

Sin embargo, expertos como Luis Zambrano, biólogo y doctor en ecología por la UNAM, han expresado reservas sobre el enfoque de Sheinbaum en materia ambiental. Zambrano señala que la presidenta tiende a abordar los problemas ecológicos desde una perspectiva tecnológica e ingenieril, lo que podría resultar insuficiente sin una estrategia integral que considere la dinámica natural de los ecosistemas.

Un ejemplo de esta preocupación es la gestión del agua en la Ciudad de México durante su mandato como jefa de gobierno. La administración de Sheinbaum priorizó la construcción de infraestructura sin considerar suficientemente la restauración de ecosistemas naturales, un enfoque que podría repetirse a nivel nacional.

La realidad presupuestaria y los desafíos pendientes

A pesar de los compromisos del gobierno, el presupuesto asignado a la transición energética sigue siendo limitado. Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) reveló que solo el 25.5% de los recursos destinados a la transición energética en 2024 estaban directamente vinculados a acciones contra el cambio climático. Además, entidades como la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, lo que pone en duda la viabilidad de una transición energética efectiva.

El camino hacia una reducción significativa de emisiones en México dependerá no solo de la voluntad política, sino también de la capacidad del gobierno para implementar políticas públicas que trasciendan la infraestructura y consideren una transformación estructural del modelo energético y productivo del país. Con el Acuerdo de París como marco de referencia, la administración de Sheinbaum tiene la oportunidad de marcar un cambio de rumbo. Sin embargo, el éxito de sus políticas dependerá de su capacidad para convertir los compromisos en acciones concretas y sostenibles a largo plazo.

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