EU debate en Suprema Corte la ciudadanía por nacimiento
El gobierno de Donald Trump impulsa ante la Suprema Corte una propuesta para modificar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, en un contexto de políticas migratorias restrictivas y detenciones masivas de inmigrantes.
Washington y Nueva York, 31 de marzo de 2026. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, prepara argumentos ante la Suprema Corte de Estados Unidos para respaldar su propuesta de anular o redefinir el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas sin documentos.
Este derecho, establecido tras la Guerra Civil estadounidense, garantiza la nacionalidad a toda persona nacida en territorio del país. La administración federal sostiene que su alcance debe revisarse, mientras organizaciones civiles han manifestado oposición.
La Unión Estadunidense por las Libertades Civiles encabeza la defensa de este derecho y ha impulsado acciones públicas en contra de la medida. El caso será analizado por el máximo tribunal, aunque no se prevé un fallo inmediato.
En paralelo, continúan las políticas de control migratorio. El gobierno federal mantiene operativos de detención de personas sin documentos a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
De acuerdo con reportes citados en el contexto legislativo, más de 73 mil personas permanecen en centros de detención migratoria, incluidos menores de edad. Datos de organizaciones señalan que una proporción significativa de los detenidos no cuenta con antecedentes penales.
Asimismo, informes indican que en los primeros meses del actual mandato se registraron detenciones de miles de padres de menores con ciudadanía estadounidense, lo que ha sido tema de discusión en el Congreso.
La congresista Pramila Jayapal convocó a una audiencia legislativa para analizar el impacto de estas políticas, en la que se revisan datos sobre detenciones, condiciones en centros migratorios y su efecto en familias.
En distintas regiones del país, gobiernos locales y comunidades han rechazado proyectos para construir nuevos centros de detención administrados por empresas privadas. Estas instalaciones han sido objeto de protestas por parte de organizaciones civiles y religiosas.
El debate sobre la ciudadanía por nacimiento se desarrolla en medio de este contexto, mientras el gobierno federal sostiene su política de control migratorio y defensa de sus propuestas legales ante instancias judiciales.
