La sentencia que valida la reelección del presidente Nicolás Maduro en Venezuela ha sido ampliamente rechazada por la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, y diez países de Latinoamérica. Las críticas se centran en la falta de credibilidad del proceso y la ausencia de pruebas que sustenten los resultados, lo que ha generado preocupaciones sobre la legitimidad del gobierno de Maduro.
Washington expresó que «es el momento» para que el chavismo y la oposición inicien conversaciones sobre una transición política en Venezuela. No obstante, en un giro preocupante, la Fiscalía venezolana anunció poco después que citará al candidato opositor Edmundo González Urrutia como parte de una investigación penal en su contra, lo que podría complicar aún más el escenario político en el país.
González, quien reivindica su victoria en las elecciones del 28 de julio, ha denunciado fraude en el proceso, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como reelecto con el 52% de los votos. Sin embargo, ante estas denuncias, Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que validara los boletines del CNE, lo cual fue ratificado por el tribunal el jueves pasado.
La oposición, liderada por la exdiputada María Corina Machado, ha cuestionado la independencia del CNE y el TSJ, organismos que también han sido señalados por una misión de la ONU. Machado y su equipo han publicado en una web copias de actas de escrutinio que, según ellos, demuestran la victoria de González con el 67% de los sufragios. Por su parte, el CNE ha argumentado que su sistema fue jaqueado, lo que ha impedido la publicación de los resultados mesa por mesa, como lo exige la ley.
El rechazo internacional y las acusaciones de fraude han intensificado la crisis política en Venezuela, poniendo en entredicho la legitimidad del gobierno de Maduro y exacerbando las tensiones entre el chavismo y la oposición.
