Trump va contra la »izquierda radical»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció medidas contra lo que denomina la “izquierda radical” tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah.
Ciudad de México.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno prepara medidas contra lo que denomina la “izquierda radical”, después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en Utah. Según el mandatario, el crimen refleja un ambiente de violencia política fomentado por grupos progresistas y sus financiadores.Anuncio que el movimiento «Antifa» será catalogado como organización terrorista,
La Casa Blanca y aliados republicanos trabajan en la elaboración de una lista de organizaciones y actores que serían objeto de investigación y posibles sanciones. Entre los nombres mencionados están la Open Society Foundations, del inversionista George Soros, y la Fundación Ford, instituciones reconocidas a nivel internacional por financiar proyectos de derechos humanos, migración y justicia social.
Las medidas podrían incluir la revisión del régimen fiscal de esas organizaciones, la restricción de recursos que reciben e incluso la posible clasificación como entidades vinculadas al terrorismo doméstico. Según funcionarios federales, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional coordinarán estas acciones para “identificar, desmantelar y destruir” redes opositoras.
Me complace informar a nuestros muchos EE. UU. Patriotas a los que estoy designando ANTIFA, UN DESASTRE ENFERMO, PELIGROSO Y RADICAL DE IZQUIERDA, COMO UNA GRAN ORGANIZACIÓN TERRORISTA. También recomendaré encarecidamente que aquellos que financian ANTIFA sean investigados a fondo de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales. ¡Gracias por su atención a este asunto!
El vicepresidente JD Vance afirmó que el extremismo de izquierda “creó el ambiente” en el que ocurrió el asesinato, aunque reconoció que el detenido no está vinculado a ninguna organización. Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado poco después del ataque y enfrenta cargos de asesinato con agravantes, uso de arma de fuego y obstrucción de la justicia. La fiscalía de Utah anunció que pedirá la pena de muerte. En la evidencia presentada se incluyen mensajes de texto en los que Robinson expresó su animadversión hacia la víctima y pruebas de ADN en el arma utilizada.
El plan del Ejecutivo ha generado reacciones inmediatas. El expresidente Barack Obama advirtió que usar un crimen individual para justificar la persecución de fundaciones y organizaciones civiles “solo divide más al país”. La senadora Elizabeth Warren consideró que poner en la mira a instituciones como la Ford y la Open Society representa “una persecución política sin precedentes”. El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó de “extremadamente peligrosa” la intención de designar como terroristas a grupos sociales.
Del lado republicano, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, respaldó la iniciativa al afirmar que “es momento de poner fin a la influencia corrosiva de Soros y de las fundaciones que financian la radicalización en América”. En paralelo, más de 120 organizaciones progresistas firmaron una carta conjunta en la que condenaron el asesinato de Kirk pero rechazaron que se utilice la tragedia para “dividir peligrosamente al país y atacar la Primera Enmienda”.
La Casa Blanca también analiza una orden ejecutiva sobre violencia política, que podría ampliar la supervisión sobre organizaciones sin fines de lucro y endurecer sanciones fiscales. Algunos asesores incluso mencionan negar visas a extranjeros que hagan declaraciones consideradas hostiles sobre la muerte de Kirk.
La discusión se intensifica en Washington. Para críticos como Obama, Warren y Jeffries, el plan abre la puerta a la criminalización de la disidencia política; para aliados como Johnson y Vance, representa una respuesta firme frente a lo que describen como la influencia desestabilizadora de los grupos progresistas. La elaboración de una lista oficial de organizaciones bajo sospecha marcaría un precedente inédito en la relación entre el gobierno federal y la sociedad civil estadounidense.
Información con fuentes de: AP News, Reuters y ABC News.
