
Uribe, condenado a 12 años de prisión bajo arresto domiciliario en Colombia
Bogotá.— El Tribunal de Bogotá sentenció al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Liliana Heredia, titular del juzgado 44 de conocimiento, ordenó su detención domiciliaria inmediata tras considerar que la evidencia reunida “es suficiente para desvirtuar cualquier presunción de inocencia”.

El fallo, de 1.114 páginas, marca un precedente histórico en la política colombiana al ser la primera vez que un exmandatario del país enfrenta una condena de esta magnitud. La jueza absolvió a Uribe de cargos vinculados al caso de la exfiscal Hilda Niño Farfán y del fraude procesal en el expediente “Pacho Cundinamarca”, pero lo declaró “determinador penalmente responsable” de soborno en concurso homogéneo con fraude procesal.

La sentencia impone, además de los 144 meses de prisión, una multa de 2.425 décimos de salario mínimo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 100 meses y 20 días. El exmandatario cumplirá la condena en su residencia de Rionegro, Antioquia, bajo el beneficio de prisión domiciliaria, tras presentar una caución equivalente a cuatro salarios mínimos y suscribir la diligencia de compromiso con las autoridades judiciales.
La jueza Heredia notificó que la decisión fue “en estrados” y que la defensa tiene cinco días para interponer y sustentar la apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Penalistas han señalado que, mientras la sentencia no quede en firme, la ejecución de la medida podría suspenderse si el recurso prospera.

Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, reaccionó a la condena en redes sociales: “Me voy a centrar en la solución, es un tema bastante complicado en términos personales, pero me voy a enfocar en la solución y ya estoy justamente trabajando en mi defensa”.
El caso mantiene en alerta a la clase política y jurídica del país, dado el peso histórico y el impacto que la decisión puede tener en la institucionalidad. El Tribunal Superior tendrá ahora la tarea de revisar la sentencia y los argumentos de la apelación, que, según trascendió, el propio Uribe planea sustentar personalmente.



