Aprueban reforma a Ley de Amparo
El Senado aprobó cambios que eliminan la suspensión en concesiones federales y ajustan el interés legítimo para demandas colectivas.
El Senado de la República aprobó en la madrugada del 2 de octubre las reformas a la Ley de Amparo, después de una sesión extensa en la que se presentaron mociones, reservas y manifestaciones de oposición dentro del pleno.
La discusión inició con una moción suspensiva presentada por Movimiento Ciudadano para frenar el proceso, que fue desechada en tablero con 64 votos en contra y 32 a favor. Superado ese paso, el dictamen fue aprobado en lo general con 76 votos a favor y 39 en contra, y en lo particular con 70 votos a favor y 39 en contra.
El dictamen establece que no procederá la suspensión provisional contra actos de autoridades federales que revoquen o nieguen permisos, concesiones o autorizaciones en sectores como electricidad, hidrocarburos, transporte, minería y medicamentos. Con ello, las decisiones en estas materias ya no podrán detenerse de manera inmediata mediante un juicio de amparo.
La Mesa Directiva del Senado durante la sesión del 1 de octubre de 2025, en la que se aprobó la reforma a la Ley de Amparo
Otro punto incluido fue la reincorporación del interés legítimo en demandas colectivas. Aunque en versiones anteriores se había eliminado, la redacción final lo mantuvo, condicionado a que quienes promuevan acrediten una afectación diferenciada y concreta.
La sesión estuvo acompañada de expresiones de protesta. Senadores de oposición desplegaron mantas en sus escaños con mensajes como “Morena, el desamparo de México” y “Morena pone al poder sobre el pueblo”. Desde Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda y Alejandra Barrales se refirieron a la reforma como una “ley del desamparo”, al advertir que restringe la posibilidad de comunidades y colectivos para frenar actos de autoridad.
El PRI también mostró su desacuerdo. Carolina Viggiano denunció presiones ejercidas sobre el senador Javier Corral para que aceptara reincorporar un artículo transitorio que obliga a que los juicios en trámite se resuelvan conforme a las nuevas disposiciones, lo que significa aplicar retroactividad. Claudia Anaya señaló que limitar el alcance del amparo implica un retroceso en la protección de derechos fundamentales.
Desde la bancada mayoritaria, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, defendió que el dictamen incluyó cambios para mantener la obligatoriedad de las sentencias y establecer controles frente a abusos en el uso del interés legítimo. Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó la incorporación del trámite digital como parte de la modernización del proceso de amparo.
En la votación particular se registraron ausencias de Javier Corral, Enrique Inzunza, Alberto Anaya, Geovanna Bañuelos y Anahí González, quienes no participaron en la definición de las reservas. Luis Armando Melgar votó en contra tanto en lo general como en lo particular.
La reserva que otorgó carácter retroactivo a la reforma fue impulsada por el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara y recibió el aval mayoritario del pleno, lo que obliga a que los juicios de amparo en curso se resuelvan conforme a las nuevas disposiciones.
Concluida la sesión, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.
