FGR, Marina, SSPC, ANAM y la UIF desarticularon una estructura que cobraba sobornos millonarios para permitir el ingreso de buques con combustible de contrabando; seis marinos figuran entre los detenidos.
Ciudad de México.– Autoridades federales confirmaron la detención de 14 personas relacionadas con una red de contrabando de hidrocarburos que operaba desde el puerto de Tampico, Tamaulipas. El caso fue resultado de un operativo interinstitucional en el que participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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El golpe al llamado huachicol fiscal se originó tras el aseguramiento, en marzo, del buque Challenge Procyon, cargado con más de 63 mil barriles de diésel declarados falsamente como aditivos. Las pesquisas posteriores revelaron un esquema de manifiestos falsificados y sobornos de hasta 1.75 millones de pesos por cada embarcación.
La red y los sobornos
Según reveló Reforma, los pagos eran organizados por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, quienes utilizaban intermediarios para repartir el dinero entre marinos y funcionarios aduanales. Cada barco descargado en Tampico significaba una “cuota” que se repartía en distintos niveles jerárquicos.
Por su parte, Milenio documentó el testimonio de Alejandro Torres Joaquín, ex director de la aduana de Tampico y ahora testigo protegido bajo el nombre clave Santo, quien detalló la mecánica de los pagos, el resguardo del dinero en efectivo y la participación de exfuncionarios de la ANAM en la falsificación de documentos. Quiénes son los detenidos
Entre los detenidos hay seis marinos, cinco exfuncionarios aduanales y tres empresarios; todos forman parte de la red de huachicol fiscal que operaba en Tampico.”
La investigación federal que derivó en la captura de 14 personas en Tampico reveló el funcionamiento de una red de huachicol fiscal que operaba bajo un esquema de corrupción bien definido. A través de sobornos y empresas fachada, se permitía la entrada de hidrocarburos sin pagar impuestos, disfrazados como aditivos o lubricantes.
Cómo funcionaba la red
Cada vez que un buque con combustible ilegal llegaba al puerto, se realizaba un pago de 1 millón 750 mil pesos a diversos mandos y funcionarios responsables de la vigilancia y autorización aduanal. El dinero se distribuía en cuotas específicas según el nivel jerárquico.Según el Diario Milenio los montos estaban calculados de la siguiente forma:
Santo” (testigo colaborador): 300 000 pesos
Personal de UNAPROP: 250 000 pesos
Claudio Estudillo Villalobos (subdirector de operaciones de aduana): 200 000 pesos
Capitán Sergio Varela (subdirector de Vigilancia y Control): 125 000 pesos
Perla Elizabeth Castro Sánchez (jefa de Departamento y Operaciones): 125 000 pesos
Endira Xóchitl Palomo Chávez (jefa de Departamento de Recintos Fiscales): 125 000 pesos
Ismael Ricaño Matías (verificador): 100 000 pesos
Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez (verificadora): 100 000 pesos
Raúl Mendoza (jefe de Departamento de Módulos): 125 000 pesos
Modulador (no identificado): 100 000 pesos
Capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez: 100 000 pesos
Capitán Raúl Tavera González: 100 000 pesos .
En total, el testigo “Santo” declaró haber distribuido alrededor de 24 500 000 pesos en sobornos, acumulados durante su periodo en funciones (aproximadamente de agosto 2023 a enero 2025) .
Se estima que entre 12 y 14 buques habrían arribado durante ese lapso, lo que implica que la estructura de sobornos se mantenía activa y sostenida .Ganancias acumuladas
Durante el periodo comprendido entre agosto de 2023 y enero de 2025, se registró la llegada de entre 12 y 14 buques bajo este mecanismo. Ello significó una derrama superior a 24 millones de pesos en sobornos, repartidos de manera sistemática entre quienes tenían capacidad de autorizar el ingreso del combustible.
Costos para el Estado
La magnitud de estas operaciones se suma a un problema estructural: el contrabando de hidrocarburos genera pérdidas millonarias a las finanzas públicas. Solo en 2024, Pemex reportó daños que superaron los 20 mil millones de pesos por este tipo de prácticas, lo que evidencia la profundidad del desfalco.
Implicaciones legales y próximas acciones
Con las detenciones se abre un proceso judicial que no solo busca castigar a los 14 implicados, sino también sentar un precedente en la lucha contra el huachicol fiscal. La Fiscalía General de la República mantiene bajo reserva varias líneas de investigación que apuntan a la existencia de más funcionarios y empresarios vinculados a la red.
Además de los procesos penales, se han iniciado procedimientos administrativos para inhabilitar a exfuncionarios y oficiales que participaron en la estructura de corrupción. Las autoridades financieras, por su parte, mantienen bloqueadas las cuentas de los detenidos, con el objetivo de rastrear transferencias y movimientos irregulares que puedan reforzar la acusación por lavado de dinero.
Un golpe al esquema del contrabando
El caso de Tampico representa una de las operaciones más relevantes contra el huachicol fiscal en lo que va del año. La forma en que los sobornos estaban calculados y repartidos demuestra que no se trataba de actos aislados, sino de un sistema organizado, sostenido y con complicidades en varios niveles de la administración pública.
El desmantelamiento de esta red es un primer paso para frenar un delito que, además de generar pérdidas multimillonarias, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de vigilar la legalidad del comercio exterior.
