Con 343 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma de “supremacía constitucional”, la cual modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución para declarar improcedentes los recursos legales en contra de reformas a la Carta Magna. Esta medida busca restringir la posibilidad de interponer controversias o acciones de inconstitucionalidad contra cambios constitucionales, estableciendo así una barrera legal a dichos recursos.
El proyecto de decreto, que obtuvo la aprobación de la mayoría legislativa, será ahora remitido a las legislaturas estatales, donde deberá ser discutido y, en su caso, aprobado. Si el proyecto logra el respaldo de al menos 17 congresos locales, la reforma será promulgada y entrará en vigor.
Defensores de la iniciativa argumentan que esta reforma reforzará la estabilidad de la Carta Magna y reducirá los obstáculos legales en el proceso de cambio constitucional. Sostienen que la medida busca garantizar la autoridad de las reformas aprobadas por el Congreso y limitar la judicialización de las modificaciones.
Sin embargo, esta propuesta ha suscitado inquietudes entre críticos que temen una posible vulneración de los derechos ciudadanos y la limitación de contrapesos institucionales. Argumentan que esta medida podría afectar la capacidad de defensa legal en situaciones donde las reformas constitucionales afecten derechos fundamentales o el equilibrio de poderes.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado también deberá emitir su aval para completar el proceso de reforma constitucional, antes de que sea enviado a los congresos locales para su ratificación.
