Cárteles mexicanos, engrane del esquema criminal venezolano
Por Alejandro J. Guerrero
Durante años, el poder político y militar de Venezuela no sólo toleró el narcotráfico, sino que lo organizó y lo usó, y en ese esquema los cárteles mexicanos fueron piezas clave.
Así lo documenta una acusación federal de Estados Unidos que describe cómo el régimen de Nicolás Maduro convirtió al Estado en una plataforma para mover cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, con México como tramo indispensable de la ruta.
El expediente sostiene que, desde finales de los noventa y hasta 2025, funcionarios venezolanos de alto nivel protegieron envíos de droga, autorizaron vuelos y salidas marítimas, y cobraron sobornos por tonelada transportada. Para que ese sistema funcionara necesitaban socios capaces de recibir, mover y cruzar la droga en el último tramo. Ahí entraron Cártel de Sinaloa y Los Zetas, hoy Cártel del Noreste, organizaciones con experiencia en rutas, violencia y control territorial.
La acusación describe un reparto de tareas. En Venezuela, el llamado Cartel de los Soles, integrado por generales, ministros y operadores civiles, garantizaba protección militar, uso de puertos y aeropuertos, y cobertura política.
En Colombia, grupos armados aseguraban la producción. En México, Sinaloa y Zetas se encargaban de recibir los cargamentos, ocultarlos, moverlos por tierra y cruzarlos a Estados Unidos, donde la cocaína alcanzaba su mayor valor.
El documento no habla de contactos ocasionales. Detalla operaciones concretas. Una de las más conocidas ocurrió en 2006, cuando más de 5.5 toneladas de cocaína salieron de Venezuela rumbo a México en un avión DC-9. La droga fue cargada en un hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía y aterrizó en Campeche, donde fue asegurada por autoridades mexicanas.
Tras el decomiso, los operadores exigieron pagos millonarios para proteger a militares venezolanos involucrados. Ese caso marcó el modelo de los narcovuelos entre Venezuela y México.
Según la acusación, Sinaloa aparece ligado al financiamiento de laboratorios, a la recepción de cargamentos protegidos en Venezuela y al cierre del circuito hacia Estados Unidos. Zetas/CDN, por su parte, aportaron estructura armada y control de rutas en el noreste mexicano, un punto crítico para asegurar el cruce.
Ambos se beneficiaron del blindaje estatal venezolano y de la corrupción en países de tránsito.
El texto judicial también explica que Venezuela se volvió un refugio seguro para traficantes dispuestos a pagar protección. Desde sus costas salían lanchas rápidas; desde pistas clandestinas y aeropuertos comerciales despegaron vuelos con cocaína; desde puertos, contenedores.
En cada paso, la droga subía de precio, y los socios, incluidos los cárteles mexicanos, capturaban la renta.
Junto a Sinaloa y Zetas, el régimen venezolano trabajó con otros grupos, como Tren de Aragua, FARC y ELN.
La acusación señala que los cárteles mexicanos controlaban las rutas y los métodos de cruce hacia Estados Unidos, y que esa función fue reconocida y aprovechada por funcionarios venezolanos.
Estados Unidos resume el esquema así: que el Estado venezolano puso la infraestructura y la protección; los cárteles pusieron las rutas y la violencia.
El resultado fue un sistema estable durante años, capaz de mover cientos de toneladas anuales, pagar sobornos, adaptarse tras decomisos y seguir operando.
En conclusión los cárteles mexicanos no fueron actores externos, sino socios funcionales dentro de un entramado criminal dirigido desde el poder en Venezuela.
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