Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció una nueva estrategia para avanzar en las investigaciones a diez años de los hechos.
Según Rosales, la mandataria propuso una revisión exhaustiva de los expedientes existentes y el uso de tecnología avanzada para identificar elementos clave que puedan contribuir a esclarecer el caso. “Ella ofreció una nueva ruta en las investigaciones, revisando los expedientes y aprovechando la tecnología disponible”, explicó.
En esta primera reunión oficial entre la presidenta y los representantes de las familias, Rosales destacó la disposición mostrada por el nuevo gobierno para establecer un diálogo renovado y avanzar en el caso. La presidenta conformó un equipo especializado para la revisión de documentos y la implementación de herramientas tecnológicas, aunque no se dieron detalles sobre los integrantes de este grupo.
El abogado adelantó que se realizará una segunda reunión en febrero próximo, aunque la fecha exacta aún no se ha definido. Además, mencionó que habrá cambios en el manejo de los 800 folios militares y otros documentos que podrían ser fundamentales en la búsqueda de los estudiantes.
Por otra parte, se confirmó la continuidad de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), con la presidencia manteniendo un contacto directo con las familias afectadas.
En el encuentro también se abordó la solicitud de extradición de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actualmente en Israel. Sheinbaum se comprometió a insistir en su extradición para que enfrente las acusaciones de tortura y su participación en la manipulación de pruebas relacionadas con el caso. “Insistiremos, aunque sabemos que la ausencia de un tratado de extradición entre México e Israel complica el proceso”, señaló Rosales sobre lo discutido.
En la reunión participaron además la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla; y Rosendo Gómez Piedra, representante de la FGR encargado del caso.
