El 2024 concluyó con un preocupante incremento del 29.6 por ciento en los casos de desaparición forzada en México. Las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) revelaron que de enero a diciembre se registraron 13 mil 010 personas no localizadas, superando los 10 mil 036 casos del año anterior. Este aumento evidenció un profundo desinterés por parte de las autoridades salientes, según denunciaron activistas y colectivos de búsqueda.
Madres buscadoras, como Ceci Flores Armenta del colectivo de Sonora, calificaron el año como uno de los más difíciles. «Terminamos muy mal, con un alza en el número de desapariciones. No se ha visibilizado el tema y sólo nos miran como estadísticas», lamentó. La activista también señaló la falta de voluntad política para entablar diálogos efectivos y avanzar en las estrategias de búsqueda y prevención, mientras el enfoque gubernamental parecía centrarse en reformas constitucionales y otros temas de agenda.
Un análisis de los datos de la CNB muestra que las mujeres de entre 15 y 19 años son las principales víctimas de desapariciones, representando el 30.3 por ciento de los casos. Expertos atribuyen este fenómeno al crimen organizado y a la trata de personas, donde las jóvenes son secuestradas para ser reclutadas con fines de explotación sexual.
A pesar de las proyecciones pesimistas para el 2025, donde se teme que las desapariciones puedan quedar relegadas ante otros temas de la agenda pública, colectivos y activistas expresaron una moderada esperanza en la administración de Claudia Sheinbaum, quien asumirá la Presidencia de la República. Consideran que el cambio de gobierno podría abrir la posibilidad de un enfoque renovado y más comprometido con esta crisis humanitaria.
Sin embargo, el reto es monumental. Las cifras acumuladas de personas desaparecidas durante los últimos años reflejan una emergencia nacional que requiere no solo voluntad política, sino una estrategia integral que atienda las raíces del problema, como la violencia del crimen organizado y la falta de infraestructura para las búsquedas.
Organizaciones civiles insisten en que la clave está en priorizar la atención a las familias de los desaparecidos y en garantizar la coordinación entre niveles de gobierno, algo que hasta ahora ha estado ausente. Mientras tanto, colectivos como Madres Buscadoras mantienen su lucha incansable, exigiendo justicia y respuestas en un país donde miles continúan desaparecidos.
