Empresa ligada a huachicol fiscal tiene ADN político
Grupo Potesta, vinculado al hijo del exdiputado priista Jorge Estefan Chidiac, es señalado en la trama de “huachicol fiscal” de los hermanos Farías Laguna, con operaciones millonarias, empresas fachada y un trasfondo político que complica el caso.
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2025. — El caso de “huachicol fiscal” que sacudió a la Secretaría de Marina con la captura del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y la investigación contra su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, no solo expuso un esquema de contrabando de hidrocarburos, sino también las conexiones entre empresas fachada, finanzas irregulares y vínculos políticos de alto nivel.
En el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) destaca Grupo Potesta, una compañía señalada por defraudación fiscal al declarar ingresos muy por debajo de los que realmente obtuvo. Según las pesquisas, la firma recibió CFDIs por más de 1,700 millones de pesos de proveedores ligados al contrabando de combustible, lo que la coloca como pieza clave en la red financiera del huachicol fiscal.
El accionista visible de la empresa es Jorge Bechara Estefan López, hijo del exdiputado priista Jorge Estefan Chidiac, lo que añade un componente político a la investigación. El apellido conecta el caso con uno de los liderazgos priistas más influyentes en Puebla, hoy desplazado del escenario electoral, pero con huella en negocios estratégicos.
Los documentos consultados muestran que entre 2021 y 2023, Potesta dedujo más de lo que reportó como ingresos, generando pérdidas contables que no corresponden a la magnitud de su actividad. En 2023, reportó apenas ocho empleados, pero gastos millonarios en honorarios y asesorías. La investigación detecta vínculos con empresas catalogadas como “factureras”: Distribuidora Industrial Fronteriza y Maquinaria Pesada para la Construcción IPR, señaladas por emitir comprobantes fiscales sin sustento real. Estos mecanismos habrían servido para simular operaciones y encubrir ingresos ilícitos.
Además, Potesta movió 220 millones de pesos a través de Vector Casa de Bolsa, institución también bajo indagatoria por lavado de dinero en la red del huachicol fiscal.
El 12 de septiembre, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Puebla otorgó a Jorge Bechara Estefan López una suspensión provisional para frenar cualquier orden de aprehensión en su contra. El amparo, considerado “buscador”, fue garantizado con 30 mil pesos y será revisado en audiencia incidental el 1 de octubre, cuando se decidirá si se concede la suspensión definitiva.
Los hermanos Farías Laguna están acusados de operar un esquema de contrabando disfrazado de importaciones legales. De acuerdo con la investigación, desde 2023 realizaron 69 envíos ilícitos con ganancias superiores a 150 millones de dólares. La red se extendía por aduanas marítimas y terrestres bajo influencia militar, con participación de empresas fachada, domicilios fiscales inexistentes y funcionarios públicos en distintos estados. Según El País, incluso se documentaron más de 13 mil llamadas geolocalizadas que revelan la dimensión de la operación.
El vicealmirante Manuel Roberto Farías, quien llegó a sonar como posible secretario de Marina, fue detenido a principios de septiembre. Su hermano, el contralmirante Fernando, enfrenta también procesos judiciales. Ambos están ligados a una red que no solo habría beneficiado a militares y empresarios, sino que también salpica a actores políticos en activo y en retiro.
El caso del huachicol fiscal revela cómo los negocios ilegales de combustibles se entrelazan con estructuras políticas y empresariales. La presencia del apellido Estefan en el expediente muestra que el escándalo trasciende el ámbito militar. Analistas señalan que la FGR enfrenta el reto de presentar pruebas sólidas en tribunales, pues las defensas de los implicados están recurriendo a amparos y suspensiones para frenar órdenes de captura. El desenlace será un termómetro de la capacidad institucional para procesar un caso que mezcla delincuencia organizada, defraudación fiscal y posibles pactos políticos.
El impacto económico también es mayúsculo: además de Potesta, la investigación apunta a otras compañías como Impulsora de Productos Sustentables, con una deuda de 1,191 millones de pesos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
