Las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han sido involucradas en juicios de amparo promovidos por jueces y magistrados, en un intento por frenar la implementación de la reforma judicial. Estas instituciones ahora enfrentan órdenes judiciales que les exigen cumplir con diversos mandatos relacionados con esta reforma.
Un juzgado federal en Zapopan emitió una orden para que la SHCP no destine recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para la organización de elecciones de jueces y magistrados. A pesar de la impugnación interpuesta por Hacienda, la medida fue ratificada por un tribunal colegiado, lo que representa un obstáculo en los esfuerzos de la secretaría para bloquear la medida.
Además, el juzgado ha notificado a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina y a la Guardia Nacional para que cumplan con los mandatos judiciales sobre la reforma. Sin embargo, los representantes legales de estas instituciones respondieron que no hay fundamento para ejecutar dichas órdenes, negando la existencia de actos que justifiquen su cumplimiento.
El área Jurídica del Ejército y Marina emitió comunicaciones formales, alegando que no existe materia para cumplir con las suspensiones dictadas por el juzgado. Isaura Romero, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en Zapopan, confirmó la recepción de estos informes, destacando la posición de las Fuerzas Armadas en contra de las medidas judiciales.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda también argumentó que no tiene la autoridad para detener los efectos del decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia judicial. Representantes legales de la institución informaron que no podían paralizar los efectos de la reforma como lo exige el juzgado.
Finalmente, la jueza de Distrito otorgó una suspensión provisional el 27 de septiembre contra actos promovidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades, con el fin de detener cualquier acción relacionada con la instrumentación de la reforma judicial. Entre las autoridades afectadas se encuentra el Consejo de la Judicatura Federal, al cual se le ha ordenado no colaborar en la implementación de dicha reforma.
